El Govern abre una nueva guerra contra los centros de internamiento

En comparecencia parlamentaria, el conseller de Justicia, Germà Gordó, afirmó ayer que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) del Gobierno suponen un «espectáculo lamentable», y que se encuentran en una «situación opaca», por lo que pedirá a la Delegación del Gobierno en Cataluña poderlos visitar junto a los diputados.

Gordó recogió el guante lanzado en su momento, durante el tripartito, por el diputado de ICV Salvador Milà, que había denunciado que los CIE se han convertido en un «Guantánamo penitenciario en Cataluña». Gordó afirmó que coincidía con la crítica de Milà sobre este aspecto y añadió que los CIE son «lamentables».

Petición por escrito

Ante esta situación, el conseller anunció que la responsable de relaciones con la administración de Justicia de su departamento, Maria José Feliu, pedirá por escrito a la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, poder visitar estos centros acompañado de los diputados de la cámara catalana que lo deseen.

Dos jueces y un fiscal tienen encomendado el control del CIE para vigilar que no se vulneren los derechos de los internos. En los últimos meses han podido entrar al CIE, además de periodistas, representantes de todos los grupos parlamentarios, el Síndic de Greuges, el Relator Especial de la ONU para temas de racismo y xenofobia y los jueces que tienen encomendado el control de las dependencias.

Desde noviembre de 2012, no es la Policía Nacional sino la Cruz Roja quien se ocupa de la asistencia y atención a los internos en todas sus necesidades diarias.

Por otra parte, el conseller anunció que uno de sus objetivos es crear una Justicia propia de Cataluña, que formaría parte de la «transición nacional» que promueve el Govern.

Además, el titular de Justicia anunció que en marzo firmará un protocolo entre su departamento, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el Ayuntamiento de Barcelona para que no se ejecute ningún desahucio por impago de hipoteca sin que lo sepan los servicios sociales, en una especie de avance en lo que la Generalitat entiende como «estructuras de Estado propio». Gordó señaló que este protocolo, que también incluye a los colegios de abogados de Cataluña, será de aplicación inmediata, con el objetivo de que se pueda extender a otras poblaciones.