El Govern niega ahora que Interior frenara quitar la pancarta del 17–A

Buch pudo instar a dejar el cartel contra el Rey en su sitio, mientras la Fiscalía calibra si hay delito de odio.

El pasado 17 de agosto se cumplió el primer aniversario de los tráficos atentados de La Rambla de Barcelona y de Cambrils, en los que murieron 16 personas. Por ello, se organizaron diversos actos en ambas poblaciones, y no estuvieron ajenos a la polémica. Quizá la más fuerte estuvo relacionada con una pancarta que colgaba de un balcón del edificio situado en el número 9 de la plaza Cataluña.

Concretamente, rezaba «The spanish king is not welcome in the catalan countries» (El Rey español no es bienvenido en los países catalanes). El piso del balcón estaba en alquiler, y la pancarta no se retiró en todo el día, pese a la presencia de numerosas autoridades, entre ellas la de los Reyes.

Contradicción

Se dio a conocer ayer que, según la Generalitat, el conseller de Interior, Miquel Buch, no ordenó frenar la retirada de la pancarta ofensiva contra Felipe VI, aunque nadie hizo nada por quitarla. No obstante, según varias informaciones el titular de este departamento instó a los agentes a que no se quitara el cartel, pese a que un jefe del operativo de los Mossos pudo ordenar retirarla. Finalmente, un grupo de independentistas la descolgaron horas después.

La excusa de la Policía Autonómica ese mismo día fue que quien debía permitir o quitar el cartel era el Consistorio, y que solo está justificada su retirada si esta instalación pone en peligro la seguridad de las personas y los bienes.

Recordaron que la instalación de una pancarta en un edificio está condicionada a la obtención del correspondiente permiso por parte del Ayuntamiento. La Fiscalía investiga el alcance penal de la colocación de la pancarta.

Fuentes de la Generalitat especificaron que la dirección de los Mossos comprobó la madrugada de ese día que la pancarta no acarreaba problemas de seguridad. Los agentes se subieron a la fachada del edificio, y así lo corroboraron, por lo que no la retiraron. El siguiente paso fue presentar diligencias informativas a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Por lo tanto, ahora el Ministerio Público estudia ahora si la colocación del cartel pueda ser constitutivo de un delito de odio. Analiza si puede puede existir algún tipo de infracción penal en esta actuación, aunque no es seguro que pueda ser perseguida penalmente.

Pese a que nunca ha quedado claro del todo a quien pertenece la autoría de colgar la pancarta, todo pareció apuntar hacia la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), que es, junto a Òmnium Cultural, la principal entidad independentista, responsable de la organización de múltiples actos y manifestaciones.

Falta por ver ahora hacia donde se dirige la investigación de la Fiscalía, aunque según las últimas informaciones conocidas, no parece probable que se defina esta acción como un delito de odio.