El Govern planteará elevar el salario mínimo a 1.000 euros

Esta misma semana Cáritas avisaba que los trabajadores pobres se han duplicado desde el inicio de la crisis: si en 2008 había un 7% de asalariados que vivía en el umbral de la pobreza, en 2015 el porcentaje se incrementaba hasta el 14%. La razón, explicaron, es que para salir de la recesión económica, la productividad se está consiguiendo a través de la precarización de los trabajadores, el uso abusivo de la legislación laboral y la imposición de un salario mínimo (SMI) «demasiado bajo».

En la actualidad, el SMI fijado para toda España es de 655 euros al mes y quienes lo perciben pueden ser considerados trabajadores pobres. Según la Carta Social Europea, la remuneración mínima de un país tendría que estar por encima del 60% del salario medio, es decir que según las recomendaciones europeas el salario mínimo español tendría que ascender a los 856 euros.

Competencia estatal

«Subirlo puede tener consecuencias positivas y negativas», señaló ayer el presidente de Pimec, Josep González, en el marco del debate «Salario mínimo y competitividad». Entre las negativas, que podría reducir la contratación o bien aumentar los precios, aunque a la vez se dinamizaría el consumo y tendría un efecto positivo sobre la pobreza y la desigualdad, apuntaron desde la patronal. González, de hecho, apostó por subirlo «de forma seria» pero sin concretar la cantidad.

La decisión de modificarlo , teniendo en cuenta todos estos parámetros, es efectivamente del Gobierno. La Generalitat lo sabe, pero aún así quiere «afrontar este debate» a nivel autonómico.

Por ello, Carles Puigdemont, en el debate de Pimec, hizo un llamamiento a los agentes sociales y económicos a sellar un compromiso para que Cataluña disponga de un SMI propio, que según el «president», se articularía teniendo en cuenta la Carta Social Europea. Es decir, debería acercarse al 60 % del salario medio catalán, lo que lo situaría cerca de los 1.000 euros al mes.

Esta será la propuesta que traslade el Govern al Consejo de Relaciones Laborales «a principios de mayo», según adelantó el secretario General de Trabajo de la Generalitat, Josep Ginesta.

La reforma del SMI fue una de las medidas que propuso Junts pel Sí a la CUP para conseguir su apoyo en la investidura. No obstante, saben que su consecución sólo sería factible en el caso de una Cataluña independiente. Aún así, Ginesta dijo ayer que «tanto si hay independencia como si no, este debate se debe abordar», porque, defiende, «la realidad salarial y de coste de la vida de la comunidad presenta diferencias respecto a la media española».

Algo en lo que coincide el líder de CC OO en Cataluña, Joan Carles Gallego, quien denunció que el salario mínimo en España no tiene en cuenta las diferentes realidades territoriales del conjunto del país.