El Govern se escuda en la falta de recursos para defender la concesión de ATLL

La Generalitat ha puesto toda la carne en el asador para defender la adjudicación de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), la principal compañía abastecedora de agua del área metropolitana de Barcelona, a Acciona, pese al recurso de Agbar que ha aceptado un organismo del propio Govern. El president del ejecutivo catalán salió ayer a defender el proceso y señalar que no hubo criterio político. Sea como sea, lo cierto es que el recurso de la Generalitat ante el TSJC, que instó al Govern ha esclarecer la adjudicación, no deja lugar a dudas: la administración catalana no podría hacer frente a las indemnizaciones. Pero aún hay más, la rocambolesca adjudicación de la Generalitat deja en el aire el cumplimiento de los objetivos de déficit para 2012.

El proceso de adjudicación estuvo bajo sospecha desde que se organizó el concurso público, ya que la Generalitat aún no ha facilitado toda la documentación. Ante esta situación, Agbar, que también participó en el concurso organizado por el departamento de Territorio que por entonces pilotaba Lluís Recoder, solicitó la intervención del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (Oarcc), organismo de la propia Generalitat, que invalidó la adjudicación. A partir de ahí, entró en juego el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) al que el Govern pide una suspensión cautelar que deje sin validez la resolución del Oarcc.

«Errores de apreciación»

En este escrito, la administración catalana no duda en quitarle legitimidad al Oarcc y pedir al TSJC que, al margen de los claroscuros del proceso de adjudicación, tenga en cuenta las repercusiones en la situación económica de la Generalitat. El gabinete jurídico subraya que la administración debería indemnizar a Acciona, «un supuesto bien claro de lo que es un perjuicio de difícil o imposible reparación».

El texto del departamento de Territorio insiste en que la cancelación del contrato tendría graves consecuencias en la lucha contra el déficit y la salida de la crisis económicas. «Lo normal en un sistema de estado de derecho es ir a los tribunales y que resuelvan ellos», justificó Mas. El president aseguró que «no es insólito» que esta decisión «técnica» de la Generalitat haya sido rebatida por un órgano del propio gobierno catalán. De hecho, el gabinete jurídico culpa al Oarcc de haber cometido «errores de apreciación» y «en la lectura» del pliego de condiciones.

El TSJC tiene tres opciones. La primera es anular la decisión del Oarcc y mantener la adjudicación a Acciona. La segunda sería la adjudicación de forma inmediata a Agbar. Y la tercera consistiría en anular el concurso y volver a empezar. La batalla legal puede perjudicar al Govern. De Acciona ya ha cobrado 300 millones de euros, de una operación total que alcanza los 1.000 millones. La operación le ha servido a la Generalitat para deducirse del déficit toda esa cantidad en el ejercicio de 2012, aunque los 700 restantes se cobren a lo largo de los 50 años del contrato. Acciona, por su parte, ya ha anunciado que pedirá compensaciones por daños y perjuicios si no hay adjudicación.