El Govern torea al PP con un decreto para paliar la pobreza energética

BARCELONA- El Govern apeló a los sentimientos del PP para que éste no elevara los presupuestos al Consell de Garanties Estatutàries apuntando que muchas medidas sociales, destinadas a los más pobres, se frenarían. Pero los populares no cayeron en la trampa. Ahora, el ejecutivo catalán, en su particular «coup de force» busca ganar y tiempo y aprobar, como mínimo, una de esas iniciativas, la que impedirá que las familias necesitadas se queden sin luz, sin agua o sin gas por no poder hacer frente a las facturas.

En la próxima reunión del Consell Executiu o, a más tardar, en la última antes de que finalice el año, el Govern aprobará un decreto en el que se fijen los términos para que las empresas suministradoras no puedan dejar de proveer energía a los más vulnerables. Así lo anunció ayer, en un acto en Barcelona, el conseller de Empresa y Ocupación, Felip Puig. Con este acuerdo, el Govern quiere sacar adelante una de las disposiciones de la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2014 cuya aprobación también quedó frenada al impugnar el PP las nuevas cuentas catalanas. El mensaje es claro, aunque a nadie se le escapa en qué momento llega. Tras encadenar años de duros recortes sociales que han llegado, incluso, a cruzar las temidas líneas rojas fijadas por trabajadores, sindicatos y ciudadanos, ahora, nada va a impedir al equipo del gobierno catalán buscar fórmulas para velar por los más necesitados.

Ahora bien, la «vulnerabilidad económica» tiene un precio. Los criterios para poderse acoger a la medida son restrictivos y muy concretos. El plan va destinado a los que o bien ya no tienen suministros por no poder pagar o bien dejan de calentar su casa para mantener la nevera encendida. Y, eso, hay que demostrarlo a través de diferentes vías tanto a la administración como las compañías.

El total de los ingresos de la familia o de la unidad familia «en ningún caso podrá sobrepasar el indicador de renta de suficiencia». Es decir, 7.967 euros al año o 569 euros al mes. Las ayudas sociales que perciba la familia no pueden contarse aparte. Además, «todos los integrantes de la unidad familiar» deben ser o bien «pensionistas por jubilación, incapacidad permanente o viudedad con ingresos no superiores a la pensión mínima», o bien «personas que estén en paro y no perciban unos ingresos superiores a la renta mínima de inserción». Al margen de demostrar esa pobreza, los solicitantes deberán acreditar que no pueden ahorrar más energía y certificar que ya tienen contratada la tarifa social de los suministros.

Cumplidos estos requisitos, las compañías no podrán cortar los suministros a la familia durante los meses más frío, de noviembre a marzo. Un informe de los servicios sociales avalará la precaria situación de la familia. La administración catalana se compromete a que ese documento esté listo en un plazo máximo de dos meses. Su vigencia será de seis meses aunque podrá renovarse.

En cualquier caso, las facturas que se dejen de abonar durante el invierno deberán pagarse entre abril y octubre «con las condiciones que ambas partes –empresa y beneficiarios– acuerden o bien mediante los mecanismos de mediación y arbitraje que las partes acepten». Además, las familias tendrán el derecho de devolver la deuda acumulada de «manera íntegra o fraccionada».

Acuerdo definitivo

Resta ver cómo quedará redactado finalmente el acuerdo de gobierno que dé luz verde a esta medida. Además, Puig señaló que la Generalitat sigue estudiando con las compañías energéticas cómo financiar el proyecto. Con todo, la competencia en energía es estatal, no autonómica, por lo que las empresas suministradoras pueden negarse a poner en marcha la iniciativa.