«El negocio no da para pagar una multa de 1.280 euros por rotular en castellano»

El importe de las multas lingüísticas sube un 173 % en 2015, alerta el PP. Las sanciones sumaron 140.000 euros

En 2008, un inspector de la Agencia Catalana de Consumo entró en la tienda de muebles y decoración que la familia de Rafael Moreno, de madre catalana y padre cordobés, tiene en Sant Adrià del Besòs y no precisamente para interesarse por un sofá. Venía a informar de que el establecimiento iba a ser sancionado por no rotular en catalán. Lo que llamó la atención del inspector no fue el nombre del negocio, «Tresimodern», que no es ni castellano ni catalán, sino unas letras de PVC de tamaño discreto, 10x10, con dos lemas para atraer a la clientela: ««El diseño marca la comodidad» y «la calidad tiene un nombre». Por estos eslóganes y detalles menores como que la información de un mueble hecho en Zaragoza venga en castellano y no en catalán esta familia recibió una multa de 1.260 euros.

A Moreno le parece tan kafkiano como injusto el motivo de la multa que hasta la fecha no la ha pagado. «Vivimos con el miedo de que nos embarguen la cuenta», explica. Tampoco ha cambiado los rótulos «porque el negocio no da para gastar 600 o 700 euros en cambiar unas letras que están en perfecto estado». Además de esta tienda de Sant Adrià, donde el 90 % de los clientes que entran se dirigen en castellano, la familia tiene otras dos tiendas de muebles. La de Ripollet tiene un rótulo con letras de 300x400. Cambiarlo costaría entre 15.00 y 18.000 euros. Moreno que habla en catalán con su hijo pequeño y con su abuela de Port de la Selva no le encuentra sentido a la política lingüística de sanciones que practica la Generalitat. Defiende la libertad de dirigirse al público en el idioma que desee el negocio. ¿Por qué no puedo rotular en castellano, igual que una tienda de Marbella o del Paseo de Gràcia apuesta por el ruso?, se pregunta.

El pequeño comercio, como el de la familia Moreno, y la hostelería son los sectores más castigados por las multas lingüísticas. En 2015, el Govern impuso 68 multas, que se traduce en 140.000 euros. El PP catalán denunció ayer que el importe de las sanciones lingüísticas ha aumentado un 173 por ciento en el último año. De hecho, en 2014, con 57 empresas sancionadas, el Govern obtuvo algo menos, 51.300 euros.

Este baile de cifras sale de una respuesta parlamentaria del conseller de Empresa, Jordi Baiget, a la diputada del PP catalán, María José García Cuevas, que desde que la fichó Alicia Sánchez-Camacho, en 2010, está ojo avizor ante lo que considera «un ataque a la libertad de expresión».

Las multas lingüísticas se ponen, sobre todo, a pequeñas empresas y comercios por no rotular o no tener alguno de los servicios que ofrecen en catalán. La hostelería es uno de los sectores más penados si se suman los dos últimos años que aparecen detallados en la respuesta parlamentaria. En 2014, sumó la mitad de las sanciones, 25.600 euros de los 51.350 euros que ingresó la Generalitat por este concepto. Sin embargo, en 2015, las multas fueron más repartidas, el sector hostelero pagó 8.600 de los 140.000 euros recaudados. El comercio al detalle, 32.600.

Harta de denunciar que las multas «vulneran los derechos lingüísticos de los ciudadanos reconocidos en la constitución y el Estatut», García Cuevas registrará una proposición de ley en el Parlament para la supresión del régimen lingüístico de la Ley 22/2010 del Código de Consumo de Cataluña. Pedirá que se paralicen los expedientes sancionadores en marcha para que «queden sin efecto» y que se devuelva con carácter retroactivo el importe de las sanciones a los multados.

Este año, sólo hasta el 6 de abril ya hay 89 empresas con expedientes sancionadores en trámite. Sorprende que 43 expedientes son denuncias hechas por particulares y otros 10 por entidades.