El Parlament fulmina a De Alfonso y una involucrada en el caso ITV toma el relevo

Maite Masià dirigió el Instituto Catalán de Energía y aparece en las conversaciones de la trama.

Pocos cargos públicos han sido cesados con tanta velocidad y contundencia en la historia de Cataluña como Daniel de Alfonso, hasta ayer director de la Oficina Antifraude. Una semana después de trascender una grabación ilegal en la que se escucha a De Alfonso charlando con el ministro del Interior, Jorge Fernán- dez Díaz, sobre posibles irregularidades de dirigentes soberanis- tas, el Parlament revocó ayer su designación con 120 votos a favor (Junts pel Sí, Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí que es Pot y CUP) y 11 en contra (PP). El Parlament acusó de esta manera a De Alfonso de un «grave incumplimiento de sus deberes y obligaciones» y acordó remitir a la Fiscalía todo el caso.

Mientras la mayoría del Parlament no acuerde un sustituto, sus funciones las ejercerá la directora adjunta de la Oficina Antifraude, Maite Masià, cuya designación a finales de 2014 ya levantó cierta polvareda. Masià es considerada una figura afín a Convergència, que la catapultó como directora del Instituto Catalán de la Energía (Icaen) entre 2011 y 2014. Ocupando este cargo, se vio involucrada en la investigación del caso ITV, ya que su cerebro, Sergi Alsina –amigo de Oriol Pujol– mantuvo numerosas conversaciones sobre la concesión de subvenciones que la trama tenía en su punto de mira para extender su negocio. Masià, no obstante, no llegó a ser imputada en ningún instante.

Las sospechas del PP

La mayoría independentista de Junts pel Sí y la CUP bastaría para aprobar al sustituto de De Alfonso. De hecho, el diputado del PP Santi Rodríguez expresó su temor en el Parlament de que los soberanistas quieren colocar al frente de la Oficina Antifraude a «alguno de los suyos» para que «no moleste demasiado». Para evitar estas suspicacias, Rodríguez propuso modificar el sistema de elección y optar por una mayoría reforzada.

La intención de los soberanistas, en todo caso, es buscar alguna complicidad, sobre todo después de haber obtenido un amplio respaldo para fulminar a De Alfonso. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no tuvo inconveniente, por ejemplo, en dejarse ver en el bar del Parlament con la líder de Ciudadanos en el Parlament, Inés Arrimadas, y tomar un café para charlar sobre actualidad catalana y española.

Ciudadanos se mostró implacable durante el debate para la revocación de De Alfonso y empleó los mismos argumentos que los grupos soberanistas. «El ministro insta a un organismo a investigar a los rivales políticos, le graban en el interior de su despacho y se hace público. Vaya chapuza de ministro del Interior», dijo el portavoz de C’s, Carlos Carrizosa.

Todos los grupos se apuntaron a la carnicería y solo Catalunya Sí que es Pot hizo autocrítica por un nombramiento, el de De Alfonso, que fue avalado por la gran mayoría de la Cámara. Quien fue más allá fue el diputado de la CUP Benet Salellas, quien reclamó no solo el cese del director de la Oficina Antifraude sino también que sea «perseguido y depurado» para que no vuelva a ejercer como juez: «Ver a las cloacas del Estado caminando y juzgando sería un auténtico fraude». Los demás grupos abundaron en acusaciones relacionadas con los comportamientos mafiosos, las persecuciones políticas y las cloacas del Estado.

«Implacables»

Tras consumarse el cese, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, irrumpió en los pasillos del Parlament para subrayar que la Cámara luchará contra la corrupción y será «implacable» con conductas «negligentes» como las que empleó, a su juicio, el ya exdirector de la Oficina Antifraude Daniel de Alfonso.

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, anunció, por su parte, que trasladará a la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) las conversaciones filtradas por el diario digital «Público» entre el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y el ya exdirector de la Oficina Antifraude Daniel de Alfonso «Estamos, una vez más, ante un grave ataque al Estado de derecho. Son unos hechos graves por la fatal praxis política pública que significan», manifestó Ribó en una rueda de prensa en la sede del Síndic de Greuges.

Ciu avaló al juez del 9-N

El grupo de CiU avaló el año 2012 la designación del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Joan Manel Abril Campoy que ha instruido la causa del 9-N contra Artur Mas y los ex consellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega. Los convergentes han sido ferozmente críticos contra esta instrucción judicial acusando al Estado de no poca calidad democrática y de perseguir a quienes únicamente pusieron las urnas para escuchar la opinión de los catalanes.