El primer fallo del «caso 3%» se zanja con siete culpables

Seis de los acusados llegan a un acuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel, aunque deberán devolver 120.000 euros a la Generalitat, mientras que Salguero denuncia «mordidas» para CiU.

En 2005 la Fiscalía inició una investigación a raíz de las declaraciones del ex president de la Generalitat Pasqual Maragall, cuando insinuó en el Parlament, ante Artur Mas, que la entonces CDC cobraba comisiones ilegales de un 3 por ciento a cambio de adjudicar obras públicas. Ayer hubo el primer fallo en Barcelona por este tipo de casos, y se zanjó sin penas de cárcel, pero con siete culpables.

De esta manera, cuatro ex cargos del Govern de la época de Jordi Pujol se libran de la prisión, tras un pacto con la Fiscalía, en el que admitieron que aumentaron no un 3 por ciento, sino un 15 por ciento el coste de las obras de un plan de viviendas para jóvenes promovidos por la empresa pública Adigsa. A cambio de no ser encarcelados, deberán devolver conjuntamente 120.000 euros a la Generalitat.

Penas leves

Según se desprende este acuerdo entre las partes, incluyendo la Fiscalía, se impusieron penas inferiores a dos años de cárcel para el ex consejero delegado de Adigsa, Josep Antoni Fontdevila; el presunto técnico José María Penín; el ex jefe del área técnica de la empresa Jordi Huguet; y el encargado de la compañía Xavier Sala.

Por su parte, los empresarios Jordi Honrubia y Àngel Egido también llegaron a un pacto con la Fiscalía, pero hubo quien se desmarcó el acuerdo. Se trata del constructor José Antonio salguero, que en su declaración como acusado dijo que cree que las comisiones que pagaban iban «para CiU», aunque se trata de un extremo que nunca pudo ser verificado.

Los otros seis reconocieron los delitos por los que están acusados, que son malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental. A cambio de no ingresar en prisión, tendrán que devolver los citados 120.000 euros, y afrontar multas de diferentes cuantías. Son cantidades que acordó la auditoría al calcular un sobrecoste medio del 15,51 por ciento en las obras.

De estos 120.000 euros, los acusados que aceptaron el pacto ya devolvieron 60.000, y se comprometieron a devolver el resto. Además, Penín y Fontdevila deberán devolver otros 28.000 euros, que el primero presuntamente ingresó por trabajos que no hizo.

No obstante, llamaron la atención las declaraciones de Salguero. Afirmó ante el tribunal que estas supuestas «mordidas» iban a parar a CiU. Aseguró que se desmarcó del pacto con la Fiscalía porque se considera víctima de un «chantaje» ya que, según denunció, si no pagaba la supuesta «mordida» –que elevó hasta el 20 por ciento del presupuesto–, no le pagaban por las obras de reparación que le encargaron.

Añadió que Penín –pariente lejano del ex conseller de CiU Felip Puig– le aseguró que que el dinero de las mordidas iba «para arriba», lo que interpretó como una alusión a que se lo quedaba CiU. Por este motivo, aseguró en su declaración, que mandó un correo electrónico a Mas, en el que expuso su queja sobre esta trama. Mas entonces era el jefe de la oposición.

Para la Fiscalía, Fontdevila ordenó «caprichosa e injustificadamente» el pago de entre 3.000 y 4.000 euros a Penín «en la pretendida retribución de unas supuestas labores de tasación que nunca existieron» y se le encomendó que encargara obras de rehabilitación de vivienda pública a contratistas privados. De esta forma, la Fiscalía cree que los acusados desviaron 120.031 euros a Adigsa con el sobrecoste de los presupuestos.

Esta misma causa también comportó la imputación el entonces presidente de Adigsa y después diputado de CiU en el Parlament Ferran Falcó, hasta que en el año 2013 la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Núria Bassols archivó las actuaciones en su contra, al entender que no estaba al corriente de las irregularidades