El separatismo, en la encrucijada: desobediencia o perder la mayoría

Roger Torrent recibió ayer la notificación de suspensión a los seis diputados procesados por rebelión, por lo que ahora no tendría margen para eludir su aplicación en el Pleno de la semana que viene y los parlamentarios no tendrían derecho a voto, dando al traste la mayoría del bloque independentista.

El Parlament se asoma a una nueva situación de conflicto. El presidente de la cámara, Roger Torrent, recibió ayer la notificación de suspensión a los seis diputados procesados por rebelión, por lo que ahora mismo no tendría margen para eludir su aplicación en el Pleno de la semana que viene y los parlamentarios no tendrían derecho a voto, dando al traste la mayoría del bloque independentista. La única tabla de salvación para evitar ese escenario sería que prosperasen los recursos que han planteado las defensas de los diputados o que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, dicte medidas cautelares mientras resuelve los recursos y deje la suspensión sin efecto provisionalmente.

Los diputados afectados por la resolución son Oriol Junqueras y Raül Romeva de ERC, y Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez y Carles Puigdemont de JxCat. En el caso de Puigdemont, además, se produce una situación más controvertida todavía ya que la justicia alemana rechazó el jueves extraditarle por el delito de rebelión, y por lo tanto, dispone de más argumentos para quedar exento de la suspensión. La Mesa del Parlament solicitó el jueves un informe a los letrados para recibir asesoramiento sobre cómo aplicarlo. Las fuerzas independentistas consideran que la suspensión de los diputados debe ser votada por el Pleno del Parlament, tal y como precisa el artículo 25 del reglamento de la cámara catalana, pero el auto de Llarena se acoge al artículo 384 de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que dicta que todos aquellos procesados por rebelión y en situación de prisión provisional que ostenten cargo público deben ser despojados de sus funciones temporalmente –prevalecería jerárquicamente este escenario–.

Si la suspensión se mantiene, los diputados perderán su derecho a voto y por tanto el independentismo perderá su mayoría –pasaría de los 70 diputados actuales a los 64, mientras las fuerzas contrarias a la independencia disponen de 65–. En el auto, Llarena sugiere que renuncien al acta temporalmente para no alterar las mayorías, pero ni JxCat ni la CUP están por aceptar esta situación. Ambas formaciones pretenden votar en una sesión parlamentaria la suspensión, mientras que ERC todavía no se ha pronunciado al respecto, aunque en ningún caso regresará a la senda del desafío y la ilegalidad. En cualquier caso, la renuncia temporal al escaño no está contemplado en el ordenamiento jurídico, por lo que si acaban dimitiendo, ya no podrían regresar a la actividad parlamentaria durante esta legislatura. Por el momento, ninguno de los diputados afectados está dispuesto a renunciar, ni los grupos parlamentarios van a exigirlo. Todo queda en manos de Torrent, que ayer evitó hacer un pronunciamiento firme, pero que será el máximo responsable en la aplicación de la suspensión y corre el riesgo de incurrir en la desobediencia.