El Síndic acusa a las policías de alargar sin motivo las detenciones

En un informe presentado ayer , el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, detecta «dilaciones injustificadas» en facilitar la asistencia de un abogado a los detenidos en las comisarías catalanas, que en algún caso ha superado las 24 horas, y que los arrestados pasan un tiempo excesivo a la espera de pasar a disposición judicial.

Ribó opinó que es «inaceptable el largo periodo que pasa entre la detención y la asistencia letrada a los arrestados». Lamentó que la comunicación con los colegios de abogados no sea inmediata y que «pasan muchas horas entre la detención y la asistencia letrada», una problemática que se agrava cuando quien hace el arresto es la Policía Local, indicó Ribó.

«Mal crónico»

El Síndic también aseguró que es «un mal crónico» que se arrastra desde la época de la Transición, y lamentó los retrasos en pasar a disposición judicial con los detenidos, por lo que reclamó que haya una doble conducción a los juzgados, mientras que ahora solamente se hace una vez al día, con lo que, a su juicio, se alarga de forma innecesaria la detención. Ribó criticó además «la falta de coordinación en todo el proceso entre Mossos y policías locales», y dijo que se deben armonizar los protocolos de coordinación.

Por otro lado, del informe se desprende que en la gran mayoría de áreas de custodia de las policías locales «no se reúnen los mínimos necesarios», por lo que reclamó que se cierren, y puntualizó que en algunas comisarías ya se ha hecho, como en la de Vilanova i la Geltrú.

Este año ha realizado 53 visitas en comisarías de los Mossos d'Esquadra, policías locales y centros penitenciarios y de menores, «sin aviso previo y a cualquier hora», con la voluntad de prevenir posibles irregularidades y detectar deficiencias.

Respecto a los centros penitenciarios, el informe constata que se incumple el mandato legal del principio de un interno por celda y «la sobreocupación de las celdas es especialmente grave y preocupante en los centros penitenciarios de mujeres y hombres de Barcelona», en la prisión de Wad Ras y en la Modelo.

Asimismo, reclamó cámaras de videovigilancia en las celdas de contención y aislamiento, y constatan que en algunos casos «resulta preocupante el uso que se hace de las contenciones físicas». En el caso de los centros de internamiento de menores, el informe pide que se garantice no superar los ratios entre internos y educadores y que no se apliquen sanciones que tengan que ver «con el derecho a la alimentación, a la educación y a tener contacto con la familia».