El Síndic explicará en el Parlament las «lagunas» del caso Maristas

La mayoría de las denuncias por presuntos abusos sexuales ocurridos en el colegio de Maristas Sants­-Les Corts han quedado prescritas, según decisión de la juez. No obstante, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó se mostró ayer muy crítico con la «descoordinación» entre las administraciones respecto a estos hechos, que han salido a luz en los últimos meses.

Ribó expresó su «insatisfacción» por que no se ha aclarado aún que sucedió para que la denuncia por abusos sexuales, de un alumno del centro, no siguiera adelante en 2011, cuando ya hacía cinco años que se había aprobado el protocolo para este tipo de casos. Fue en 2011, y al parecer del Síndic, la conselleria de Enseñanza no difundió lo suficiente esta normativa.

Por la descoordinación que, a su juicio, han sufrido estos hechos el Síndic pidió comparecer ante el Parlament , tras no haber podido esclarecer del todo lo que sucedió, y por las «lagunas evidenciadas» en la actuación de las diferentes administraciones.

El Síndic se reunió ayer con los firmantes del Protocolo marco de actuación en caso de este tipo de abusos, que son la Generalitat, la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la Delegación del Gobierno. En su comparecencia parlamentaria, Ribó prevé valorar la no aplicación del protocolo de abusos sexuales de 2006, y tiene previsto presentar una segunda resolución con un enfoque general sobre abusos sexuales a menores.

Según explicó, en la reunión hubo un «reconocimiento prácticamente unánime» de los presentes de que se podía haber actuado «de una forma más eficaz» en los casos de estos presuntos abusos. Sin embargo, todos se mostraron partidarios de colaborar con el Síndic.

Para el Síndic, el protocolo contra los abusos, es «plenamente útil y vigente», pero se debe difundir y aplicar, hecho que, a su juicio no se ha realizado en los casos relacionados con los Maristas. Una difusión que no realizó Enseñanza, según denunció, en los centros escolares públicos, concertados o privados. «No existe la más mínima base para excluir a ningún centro educativo de la protección de los menores», añadió.