El TSJC reconoce el derecho a escolarizar en castellano a un estudiante de Flix

Nuevo revés judicial para la política de inmersión lingüística que aplica la Generalitat desde hace unos 30 años en las escuelas. Otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) demuestra que, poco a poco, el sistema judicial va otorgando la razón a los padres que quieren escolarizar a sus hijos en castellano, y que no se conforman con dos horas de enseñanza de esta lengua a la semana.

El TSJC ha estimado la petición de una familia de Flix (Tarragona), que había pedido la escolarización en castellano para su hijo, según informaron ayer fuentes judiciales. El alto tribunal catalán dictó a finales de la semana pasada cinco sentencias más en el mismo sentido, de modo que ahora son en total trece las familias de toda Cataluña a las que se les ha reconocido el derecho a que sus centros respectivos les den «respuesta concreta» a la escolarización con el castellano como lengua vehicular.

Las sentencias señalan que la escolarización de estos alumnos debe realizarse sin que se produzca «la segregación de los alumnos por razón de lengua» y ordena al departamento de Enseñanza la adopción de medidas cautelares para responder a estas peticiones.

Según el TSJC, las resoluciones tienen como finalidad que la administración educativa dé a las dos lenguas vehiculares de la enseñanza, catalán y castellano, «la proporción que estime razonable». Las medidas cautelares que se adopten tienen en cuenta, entre otras, las sentencias que la misma sala del TSJC dictó en casos análogos.

La sentencia del TSJC provocó lo habitual en estos casos, reacciones contrarias de la comunidad educativa. Es tradicional que los sindicatos de docentes apoyen de forma incondicional la doctrina de inmersión lingüística de la Generalitat, aunque se desobedezcan sistemáticamente las sentencias judiciales de cualquier tribunal.

En esta ocasión, la federación de educación de CC OO en las Tierras del Ebro, que fue quien denunció el caso, mostró ayer su apoyo al claustro de maestros de la escuela Enric Grau i Fontseré ante esta sentencia. CC OO consideró esta medida cautelar como «un ataque a un modelo de escuela integradora, catalana y plural que durante más de 30 años ha ido aplicándose con gran consenso por parte de toda la comunidad educativa, y avalada por numerosos elogios por parte de la Unión Europea como políticas integradoras y respetuosas de convivencia de dos o más lenguas en un mismo territorio, y ejemplo que seguir por parte de otros territorios de Europa».

Además, añadió CC OO, «todavía es grave el hecho de que con los resultados de las competencias básicas realizadas en las escuelas de todo el Estado, el dominio lingüístico del castellano es, algunas veces, superior que en otras Comunidades Autónomas sin dos lenguas oficiales».