García Albiol será juzgado por vincular rumanos y delincuencia

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), será juzgado por repartir unos panfletos en los que vinculaba a los rumanos con la delincuencia. Después de que la oposición no haya llegado a un pacto para presentar una moción contra el alcalde de la tercera ciudad en número de habitantes de Cataluña, el popular se enfrenta a un asunto que ha sido dos veces archivado y reabierto por orden de la Audiencia de Barcelona.

Ahora, el juzgado de Instrucción número 2 de Badalona ha decretado la apertura del juicio oral. La juez considera «sólidas y consistentes» las acusaciones formuladas por la Fiscalía y la acusación particular (Sos Racisme), que atribuyen al alcalde de Badalona un delito de provocación al odio, la discriminación o la violencia. El fiscal solicita un año de cárcel.

La juez indica que el órgano competente es el juzgado penal de Barcelona y advierte que contra la decisión de la apertura del juicio oral no se puede interponer recurso alguno, según el auto al que tuvo acceso Ep. Fuentes próximas al alcalde explicaron que «se trata de un paso más en el procedimiento» y que no ha recibido aún el auto del juzgado, que lleva fecha del lunes y se comunicó ayer a los procuradores. El auto no prevé la aplicación de ninguna medida cautelar, mantiene la situación personal del alcalde y le emplaza a comparecer en el plazo de tres días.

García Albiol repartió unos 15.000 dípticos el 24 de abril de 2010 en los barrios más conflictivos de Badalona. Los panfletos contenían fotografías de gitanos rumanos con el mensaje «no queremos rumanos». El alcalde entiende que todo es fruto de una «denuncia política» porque la querella fue presentada el 27 de octubre de 2010, seis meses después de producirse los hechos y a las puertas de las elecciones autonómicas.

En la denuncia, además de Sos Racisme, estaba la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña, que, tras una reunión con García Albiol, se desmarcó. En septiembre, la Audiencia de Barcelona dejó sin efecto el archivo del caso en el juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que había apelado a la libertad y el derecho del político de «expresar políticas de inmigración alternativas a la vigente».