Investigan a un ex concejal de CDC por emplear al cantante de Los Sírex

Un juez de Barcelona investiga al exconcejal de CiU en Barcelona Antoni Vives por emplear presuntamente de forma ilegal en Barcelona Regional a «Leslie», cantante de Los Sírex, y a un exalcalde de Cervelló (Barcelona), sin que ninguno de ellos prestara servicios para la empresa municipal.

Un juez de Barcelona investiga al exconcejal de CiU en Barcelona Antoni Vives por emplear presuntamente de forma ilegal en Barcelona Regional a «Leslie», cantante de Los Sírex, y a un exalcalde de Cervelló (Barcelona), sin que ninguno de ellos prestara servicios para la empresa municipal.

Según han informado fuentes judiciales, la investigación a Vives deriva de una querella que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado contra él, contra el exdirector general de Barcelona Regional, Guillermo Müller, y contra los dos empleados supuestamente fraudulentos, que entre 2012 y 2015 cobraron entre ambos 214.611 euros de remuneración de las arcas públicas.En su querella, la Fiscalía sostiene que, con la contratación de ambos empleados, próximos a la «órbita» de CiU, «se pretendía retribuir indebidamente» las labores de «auxilio político o incluso proselitismo vecinal» que desarrollaban para el exconcejal Antoni Vives, ahora ya retirado de la política. Los hechos, a la espera de los resultados de la investigación judicial, suponen para el fiscal los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

El ministerio público sostiene que Vives, que fue concejal de Urbanismo y presidente del consejo de administración de Barcelona Regional, decidió «favorecer económicamente a dos colaboradores políticos», el exalcalde de Martorell Jesús Arévalo y Antoni Miquel, «Leslie», cantante del grupo «Los Sírex».

Para ello, se sirvió de su cargo para conseguir que el director de la empresa, el también querellado Guillermo Müller, los contratara «aparentando que prestarían servicios relacionados con proyectos específicos desarrollados por dicho ente, y ello con plena conciencia de que nunca iban a realizar para Barcelona Regional trabajos de ningún tipo». En opinión del fiscal, dicha contratación supuso «favorecer con una relación laboral retribuida con fondos públicos a personas afines políticamente al equipo de gobierno municipal», vulnerando con ello «los principios más elementales de la contratación en interés público». Según la querella de la Fiscalía, ambos empleados «nunca comparecieron en Barcelona Regional, ni prestaron servicio alguno para dicho ente, en el que resultaban completamente desconocidos». La denuncia sostiene también que Arévalo firmó su contrato con Barcelona Regional sin solicitar la compatibilidad.