JxCat, ERC y CUP respaldan un escrache al TSJC en el juicio a la Intersindical-CSC

El sindicato separatista será juzgado a partir de hoy por la huelga general del 8 de noviembre.

Los grupos de JxCat, ERC y la CUP mostraron ayer su apoyo a la protesta convocada por la Intersindical-CSC a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), donde se les juzga por convocar una huelga general en Catalunya el 8 de noviembre de 2017. En una rueda de prensa, el vicepresidente general del sindicato independentista Sergi Perelló recordó que hoy a las 10.00 horas arranca el juicio por «una demanda de Fomento del Trabajo que se enmarca en el contexto de un Estado de regresión de derechos –como el de manifestación y la libertad de expresión– y de persecución ideológica».

La huelga del 8N no contó con el respaldo de CC.OO. ni de UGT y la demanda recoge que también ellos interpretaron que se trataba de «una huelga política» por la situación que se daba en aquel momento: la huelga se convocó dos semanas después de la aplicación del 155. Los convocantes defendieron el derecho a huelga y su capacidad para convocar como sindicato una protesta que se convocó por «la regresión experimentada en los derechos laborales, la precariedad, la falacia de la salida de la crisis y la reclamación de la derogación del decreto del Gobierno que facilita el cambio de sede social de las empresas».

«El pretexto para pedir la ilegalización de la huelga es que era una huelga política», dijo Perelló sobre la demanda, e insistió en que el motivo de la huelga fue la firma del decreto que favorecía la fuga de empresas y perjudicaba a los intereses de Catalunya y de sus trabajadores. Advirtió que, con esta demanda, «el derecho de huelga está en riesgo» por lo que llamó a la participación y el apoyo mutuo para evitar la reducción de derechos fundamentales y a sumarse a la protesta del miércoles.

El diputado de la CUP Vidal Aragonés criticó que el Estado «está acabando con el Estado de Derecho y que el ejercicio del derecho a huelga tiene como respuesta la criminalización», que Fomento del Trabajo pida 100.000 euros por daños y perjuicios sin especificarlos, y afirme en la demanda que la Intersindical-CSC no puede convocar una huelga por no ser mayoritaria. El republicano Jordi Albert recordó que, pese a la demanda presentada antes de la huelga por Fomento del Trabajo, el TSJC no impuso medidas cautelares, y afirmó que la demanda de la patronal «abre la puerta» a la criminalización de derechos fundamentales. La diputada de JxCat Teresa Pallarès dio apoyo a los que participaron de una huelga que considera que estaba convocada en tiempo y forma, y pidió que «la regresión de derechos no se normalice en el día a día».

Los tres grupos tienen pleno del Parlament el miércoles a la misma hora que la protesta, por lo que han aclarado que irán representantes del partido, pero no diputados, que tienen que acudir a la sesión plenaria.