La Abogacía del Estado pedirá al TC que actúe contra la Generalitat si persiste el órdago

El nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, dejó ayer claro que mantendrá el desafío al Estado y que continúa adelante con el «proceso de desconexión» que el Parlament aprobó el pasado 9 de noviembre y que apenas 22 días después, el 1 de diciembre, el Tribunal Constitucional anulaba por vulnerar cinco artículos de la Carta Magna y otros del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña. Antes de ese fallo definitivo, el TC suspendía cautelarmente la «desconexión» y, tal como se contempla en la nueva Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se notificaba personalmente al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, a la presidenta de la Cámara, Carmen Forcadell, y otros 19 diputados catalanes y les apercibía de las consecuencias de no acatar esa resolución.

Por tanto, el Ejecutivo catalán y la propia Mesa del Parlament conoce la prohibición taxativa de realizar ninguna acción, ni aprobar resolución alguna, que suponga una vulneración de lo que acordó el TC por unanimidad el pasado 1 de diciembre.

Pero no parece que a la vista de lo anunciado ayer por Puigdemont sea esto lo que pueda ocurrir. Más bien, se prevé todo lo contrario, es decir, que el Parlament, a instancias de Junts pel Sí y la CUP decidan dar un paso adelante en el desafío al Estado y aprueben cualquier tipo de iniciativa a favor de continuar con el «procés» y de retomar la vía de la «desconexión».

Ante ese escenario más que probable, el Estado no permanecerá impasible, ni mucho menos. La nueva Ley Orgánica del TC prevé que el este tribunal vele por «el cumplimiento efectivo de sus resoluciones». En caso de que advierta de que su resolución pueda estar siendo incumplida, el propio tribunal, de oficio o a instancia de alguna de las partes, les requerirá para informen al respecto. Si transcurrido el tiempo fijado, el TC observa que persiste el incumplimiento, podrá imponer a los autores de esa desobediencia desde una multa –de 3.000 a 30.000 euros– hasta suspenderles en sus funciones, e incluso poder exigir responsabilidad penal.

Será en ese momento, al aprobarse alguna resolución que pueda atentar contra lo acordado por el TC, cuando la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, inste Tribunal Constitucional a cumplir lo dispuesto en la citada ley orgánica. No lo hará, en un primer momento, el TC directamente, sino a instancias de parte, y, en concreto, de los servicios jurídicos del Estado, según señalaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas, el cual podría instar incluso la suspensión en sus cargos de diputados. A partir de ahí se abre un abanico que puede llegar incluso a la interposición de una querella por desobediencia contra quienes se consideren responsables de la misma. En ese caso, si no están inhabilitados, la competencia correspondería al TSJ catalán, mientras que si les inhabilita el TC, la competencia sería de la Audiencia Nacional.