La CUP exige «ruptura» para activar un proceso constituyente

Los anticapitalistas, insatisfechos con Torra, reclaman «desobediencia» también desde las instituciones para materializar la República.

La CUP mantiene el listón muy alto. A pesar de que haya perdido peso parlamentario, sus cuatro diputados siguen siendo imprescindibles para la mayoría independentista y con ellos va a intentar exigir el máximo al Govern de Quim Torra para materializar la República. Su portavoz, Carles Riera, así lo volvió a transmitir ayer, tras mostrarse insatisfecho por la conferencia del president del martes y reclamar dos cosas: para activar el proceso constituyente que anunció debe haberse producido antes la «ruptura» con el Estado; y, la movilización permanente que alentó debe ir acompañada de la «desobediencia» desde las instituciones.

«Si no hay ruptura, estamos hablando de un proceso preconstituyente», afirmó Riera en una entrevista en TV3, aunque sí mostró su agrado por la voluntad del president de descargar parte de la responsabilidad de la independencia en la ciudadanía. Para el diputado independentista, esta desconexión con el Estado debe producirse en base a desobediencia desde las instituciones acompañado por la «desobediencia civil». Para ello, animó a la ciudadanía a ocupar de forma «permanente» los espacios públicos para intentar conseguir un «control efectivo del territorio», una consigna que los CDR ya se han mentalizado para cumplir durante los próximas días en el previsto «otoño caliente». Los Comités de Defensa de la República tienen previsto volver a la carga de forma contundente a partir de la movilización de la Diada y plantean llevar a cabo bloqueos en la autonomía para reivindicar su causa.

El martes, en su conferencia, Torra propuso la creación de un Foro Cívico, Social y Constituyente. A juicio de Riera es una buena fórmula, pero no es suficiente. Para el diputado independentista es necesario crear «una institucionalidad alternativa, un contrapoder democrático». Si bien, por ahora, los planes de Torra no parecen muy encaminado a satisfacer esa suerte de exigencias, ya que como desgranó en su discurso, el papel protagonista pasará en los próximos meses a las bases.

En este contexto, el «otoño caliente» previsto en la calle tiene visos de ir en paralelo a un bloqueo de la actividad legislativa en el Parlament, todavía enfrascado en la dinámica de bloques –algo difícil de romper hasta que no se abra una nueva etapa que tendrá lugar a partir de la sentencia a los líderes del «procés», como así asumen desde el Govern–. En este sentido, el principal reto legislativo del Govern será la aprobación de los presupuestos, ya prorrogados este 2018. Torra no se resigna a darlos por perdidos, aunque la distribución de escaños antoja complicado conseguir luz verde para las cuentas: el respaldo de la CUP parece quimérico –exigen desafíos que ahora el Govern no parece dispuesto a plantear– y el apoyo de los «comunes» requerirá amplios compromisos en materia social.