La CUP presiona al Govern para que someta a los Mossos a sus órdenes

La diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel avisó ayer a la Generalitat de que es responsable última de los Mossos d’Esquadra, después de que la Fiscalía haya previsto que sea una de las policías judiciales ante el referéndum del 1 de octubre. «El Govern tiene la responsabilidad exclusiva sobre el cuerpo de Mossos», advirtió en una entrevista concedida a Europa Pres. Gabriel dijo que era «previsible» la petición de Fiscalía, como la decisión de Gobierno de recurrir la Ley del Referéndum al Tribunal Constitucional (TC), que suspendió la norma.

Tampoco se sorprendió con la carta enviada a los altos cargos de la Generalitat –incluido el Mayor de los Mossos– y a los alcaldes catalanes advirtiendo de que deben impedir el referéndum del 1-O.

«Estaba clarísimo que, con la aprobación de estas leyes, el TC y el Estado tenían que dar un paso adelante y un salto cualitativo en la advertencia. No se podían quedar sólo en el Parlament y el Govern. Tienen que comenzar a capilarizar la vía represiva» razonó la portavoz de la CUP.

Por eso, llamó a los cargos electos a ser «ejemplares y ejemplificadores de cara a la gente para proyectar la determinación con la que defenderán el referéndum «contra las imposiciones del Estado».

Eso incluye todo lo que tenga ver con acatar prohibiciones y por tanto «si es necesario simbolizarlo no yendo a declarar, no presentándose voluntariamente ante una citación y no asistiendo a un cuartel a ser interrogado en base a no sé qué proceso judicial» se debe hacer, como ya hicieron la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, el concejal de Vic, Joan Coma, ambos de la CUP.

Consideró necesario simbolizar que la acción del Estado no les «echará para atrás» para sostener la determinación de realizar el referéndum y conseguir acumular fuerzas porque cree que es la única forma de garantizar el voto en el hipotético referéndum.

Preguntada por si los cargos deben asumir también detención respondió que «sí, sí. Porque al final es un precio que a nadie le gusta tener que pagarlo y no es deseable para nadie que se encuentre en esta situación pasar por una detención».

«Pero nos parece que si el Estado va en esa línea a nosotros nos servirá para demostrar de forma muy clara que el nivel de demofobia del Estado llega si cabe a la detención de cargos electos. Creo que es un tensionador que puede ayudar a darle fuerza a este referéndum», añadió. Cree incluso que puede llamar a la participación, porque hará patente lo que se está jugando la ciudadanía: «Seguir en un país que está dispuesto a detener a cargos electos o romper con él porque queremos construir uno nuevo».