La Diputación de Barcelona denuncia al Govern por impago

El pleno de la Diputación de Barcelona, que está dirigida por CiU, aprobó ayer por unanimidad interponer un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por el incumplimiento por parte de la Generalitat de la devolución de 167 millones de euros que el ente provincial prestó a municipios de su ámbito en lugar del gobierno catalán, en base a un convenio aprobado en 2012.

La Diputación utilizó este convenio, bautizado como plan extarordinario de asistencia financiera local, para avanzar a los ayuntamientos parte de lo que les adeuda la Generalitat, un total de 550 millones, a finales del año pasado. El ejecutivo catalán se comprometió a devolver el dinero antes de que finalizara 2012.

Desde el gobierno de la Diputación, Carles Rossinyol (CiU) destacó que este convenio se firmó para «solventar un grave problema de tesorería» de los consistorios, y aseguró que para compensar este avance hace meses que la Diputación no paga las deudas que tiene con la Generalitat, como hace con muchos ayuntamientos.

Desde del resto de partidos, Alberto Villagrasa (PP) felicitó al presidente de la Diputación, Salvador Esteve; Àlex Mañas (ICV) valoró la actitud del Govern como una «deslealtad institucional»; y Rafel Roig (PSC) lamentó que «se haya tenido que llegar al extremo de presentar un recurso administrativo». Por su parte, Jordi Portabella (ERC) argumentó que «los acuerdos se deben cumplir, pero el Gobierno también debe hacer frente a sus impagos reiterados».

Fuentes de la conselleria de Gobernación admitieron recientemente esta deuda y aseguraron que «próximamente» la Generalitat pagará sus deudas contraídas con las diputaciones y los consejos comarcales. El Govern volvió a escudarse en que «todo depende de los pagos pendientes por parte del Gobierno».

Por otra parte, el pleno de la Diputación de Barcelona aprobó una moción de rechazo al anteproyecto de la ley de racionalidad y sostenibilidad de la administración local (Arsal) para que el Gobierno garantice «el funcionamiento» de los servicios sociales de proximidad en los gobiernos locales. Se aprobó a instancias de CiU y PSC y con el apoyo de todos los grupos salvo el voto en contra del PP, que manifestó que debatirlo en la Diputación «no tiene sentido porque es un borrador».