La Fiscalía investiga a Colau por ceder datos por una multiconsulta

La operación se centra en un presunto delito de revelación de datos del padrón municipal para la celebración de este referéndum sobre el servicio del agua y una edificación de vivienda pública.

La posible multiconsulta planteada por el Ayuntamiento de Barcelona provocó ayer todo tipo de reacciones, en todas direcciones. La Fiscalía de la ciudad investiga al Consistorio por un presunto delito de revelación de secretos, por la cesión de datos del padrón municipal para la multiconsulta ciudadana –sobre el servicio del agua o una edificación de vivienda pública– que el gobierno municipal tiene previsto para el mayo.

Según informó ayer un portavoz del Ministerio Público, la fiscal Ana María Torres abrió diligencias a raíz de una denuncia presentada por la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática por la licitación de los servicios técnicos necesarios para llevar a cabo la consulta.

La investigación trata de determinar si el Ayuntamiento puede haber incurrido en un delito de revelación de secretos por la licitación de los servicios técnicos necesarios para celebrar la multiconsulta proyectada, que según los denunciantes podría implicar una cesión ilegal de datos del padrón municipal y de menores a la empresa que resulte adjudicataria.

El equipo de gobierno de Ada Colau negocia con los grupos de la oposición el contenido de la multiconsulta, con la que el Ayuntamiento pretende preguntar a los ciudadanos por la construcción de vivienda pública en un solar situado junto al Hotel Rec Comtal y por la remunicipalización del servicio del agua, entre otras cuestiones.

En la consulta, según el pliego de condiciones, podrán votar los mayores de 16 años empadronados en Barcelona, cuyos datos, advierten los denunciantes, serán cedidos a la empresa a la que se adjudique el proceso junto al del resto de votantes.

Por su parte, el presidente del grupo popular en el Ayuntamiento, Alberto Fernández, reclamó un doble informe jurídico sobre la legalidad de la multiconsulta ciudadana que el gobierno de Colau prevé celebrar antes de verano.

El grupo del PP ya había pedido un informe jurídico sobre si el Ayuntamiento tiene competencia para preguntar sobre la gestión pública del agua, como está previsto que se haga en la multiconsulta, ya que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) es la administración que ostenta la competencia y titularidad sobre su abastecimiento. Alberto Fernández señaló que es necesario «dar explicaciones sobre los datos personales del padrón que han podido ceder para la multiconsulta», especialmente los que afectan a menores de edad, que la Fiscalía está investigando.

El grupo popular, que se opone a la multiconsulta en los términos en que fue planteada, pidió en junta de portavoces recibir toda la información jurídica y sobre las denuncias relacionadas con la consulta antes del pleno extraordinario del próximo martes 10 de abril, en el que se deben aprobar las preguntas que contendrá.

El grupo municipal del PSC reclamó al gobierno local explicaciones sobre la multiconsulta, tras conocerse que la Fiscalía lo está investigando. En un comunicado, la portavoz de la formación, Carmen Andrés, concretó que quieren «saber si se han puesto en peligro los datos de los ciudadanos y, especialmente, los de los menores».

En defensa de los jueces que investigan el 1-O

Societat Civil Catalana expresó ayer su apoyo a todos los jueces que están investigando la consulta ilegal del 1-O ante los «ataques injustificados» que están sufriendo, y reprocharon al Colegio de Abogados que se posicionaron en contra de la prisión preventiva de los líderes políticos.