La Fiscalía pide al TSJ de Cataluña que investigue al ex número dos de Junqueras por el 1-O

Advierte indicios de malversación, desobediencia y revelación de secretos en el ahora diputado del Parlament. No aprecia sin embargo motivos para la imputación de uno de sus subordinados.

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investigue por malversación, desobediencia y revelación de secretos al que fuera número dos de Oriol Junqueras en la Conselleria de Economía Josep Maria Jové por su papel en la preparación del referéndum ilegal del 1-O.

El Ministerio Público respalda así la petición del titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la consulta soberanista, y que elevó exposición razonada al TSJ catalán dada la condición actual de diputado del Parlament de Jové.

Sin embargo, el fiscal Pedro Ariche no ve motivos para investigar por desobediencia al ex secretario de Economía de la Generalitar Lluís Salvadó ante la ausencia de indicios suficientes contra él, suplidos por "aseveraciones genéricas o indeterminadas". Además, recalca, actuó "desde una posición de subordinación".

En su escrito, el fiscal concluye que Jové no acató las resoluciones del Tribunal Constitucional de suspensión del 1-O, "sino justamente lo contrario, concertándose con otras autoridades y funcionarios"para celebrar la consulta pese a todo. Y lo hizo, añade, "con la inherente utilización de los recursos públicos por el mismo gestionados desde su cargo"de secretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat, siendo, además, responsable de procesos electorales.

En total, en la investigación judicial ha aflorado que los fondos públicos utilizados para el referéndum ascendieron a 2.239.912 euros, una apropiación de la que, dice el fiscal, "fue responsable directo"el propio Jové, que también pudo cometer un delito de prevaricación.

Esa "inequívoca voluntad"de seguir adelante con los preparativos del 1-O se plasmó además, mantiene la Fiscalía, en sus esfuerzos para "revestir de legalidad"el referéndum facilitando la elaboración de un censo fiable. Para ello, continúa, Jové firmó junto a otros altos cargos de la Generalitat un convenio que autorizaba al Idescat a remitir a Vicepresidencia, gracias a un "irregular tráfico de datos reservados", la información del padrón con el fin de ponerla al servicio de la consulta.

Asimismo, añade, instó a los ayuntamientos catalanes por carta a que facilitaran locales para la votación pese a los mandatos en contra del Constitucional.

A Jové se le incautó en su domicilio un documento, Enfocats, que detalla la hoja de ruta del proceso soberanista. La función de Jove, añade, era la de "liderar el día a día de la implantación del plan estratégico"junto a "otros funcionarios y profesionales expertos", por lo que trabajó en la "ideación, desarrollo y ejecución de la hoja de ruta hacia la independencia".