La Fiscalía rechaza querellas por la declaración rupturista

El Ministerio Público sí que admite que fue una «forma de conspiración»

El pleno del Parlamant aprobó la declaración rupturista el pasado 9 de noviembre
El pleno del Parlamant aprobó la declaración rupturista el pasado 9 de noviembre

La Fiscalía considera «una forma de conspiración» la declaración de ruptura que el Parlament aprobó el 9 de noviembre, pero de momento se opone a investigarla, al entender que el Tribunal Constitucional ya restableció la legalidad cuando la anuló.

En sendos informes, la Fiscalía Superior de Cataluña pide al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que no admita a trámite las querellas presentadas por UPyD y por el sindicato Manos Limpias contra la resolución del Parlament que el pasado 9 de noviembre declaró iniciada la desconexión de Cataluña con el Gobierno.

En sus informes, la Fiscalía recuerda que el Gobierno ya impugnó esa declaración de ruptura ante el Tribunal Constitucional, que la declaró «inconstitucional y nula en su integridad» porque la resolución vulneraba varios artículos de la Carta Magna y también del Estatut de Autonomía.

En opinión del Ministerio Público, el pronunciamiento del Constitucional, «al privar de toda eficacia jurídica a la resolución, restablece el orden constitucional e inicia una etapa nueva que abre la posibilidad de revertir la punibilidad de los acontecimientos anteriores susceptibles de ser calificados como forma de conspiración».

En ese sentido, la Fiscalía se opone a la admisión a trámite de las querellas «por referirse su objeto a opiniones y votos que no han trascendido ámbito parlamentario», sin que tras la sentencia del TC se hayan renovado «las manifestaciones potencialmente delictivas».

Por ese motivo, el Ministerio Público cree que «no está todavía justificada la perpetración del delito» objeto de las querellas interpuestas por Manos Limpias y UPyD ante el TSJC contra los impulsores de la declaración de ruptura.

«Ante la necesidad de no causar mayores dilaciones en esta causa, tras la concreción de la reacción del Estado de Derecho en el pronunciamiento del órgano de garantías constitucionales, no es posible efectuar un juicio positivo de imputación sobre los hechos acaecidos en sede parlamentaria», prosigue el escrito.

La Fiscalía recuerda en sus informes que hace «expresa reserva de las acciones penales que se promuevan frente a quienes no se atengan al pronunciamiento del TC» Las querellas por la declaración del Parlament del 9–N se dirigen contra los diputados que las promovieron, así como contra Artur Mas.