Defensor del Pueblo

La movilidad, vivienda y servicios sociales preocupan a los barceloneses

La Síndica de Greuges destaca las quejas sobre el funcionamiento del transporte público

La Síndica de la capital catalana también destacó que hay un total de 1.026 personas, según los últimos datos, durmiendo en la calle y sin ningún acceso a una vivienda
La Síndica de la capital catalana también destacó que hay un total de 1.026 personas, según los últimos datos, durmiendo en la calle y sin ningún acceso a una viviendalarazon

La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, presentó ayer el informe anual de 2017 que recoge las principales quejas de los ciudadanos y del que destacó como las «más recurrentes» la movilidad, la vivienda y los servicios sociales.

La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, presentó ayer el informe anual de 2017 que recoge las principales quejas de los ciudadanos y del que destacó como las «más recurrentes» la movilidad, la vivienda y los servicios sociales.

En 2017 la Síndica llevó a cabo 3.522 actuaciones, de las que 1.702 fueron quejas, 1.802 fueron consultas y asesoramientos, y en total 265 estaban relacionadas con el transporte público, 170 con servicios sociales y 161 con vivienda y dignidad, «los tres ámbitos que más crítica han levantado entre la población», dijo la Síndica Vilà.

Transporte público

Según la Síndica, las problemáticas en materia de transporte público «significan la perpetuación de la insatisfacción de los usuarios que hay que tener en cuenta», y las relacionadas con la vivienda, la sindicatura ha identificado dos posibles motivos: el incremento de los precios de alquiler y la carencia de oferta pública de viviendas.

Sobre el transporte público, las quejas más recurrentes fueron o las respuestas «generalistas y poco individualizadas de las alegaciones que presentan los vecinos», la atención recibida por parte del personal de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), y la implementación –todavía no completa– de la red ortogonal.

De la vivienda, Vilà mostró su preocupación por las 1.026 personas durmiendo en la calle que se contabilizaron en 2017, y señaló que desde la sindicatura han iniciado una actuación de oficio que permita determinar «la adecuación de los medios municipales dirigidos a la intervención en estas situaciones».

La Síndica de Greuges también observó el aumento de precios en el mercado inmobiliario de la ciudad, y pidió a los servicios sociales que estén alerta «para prevenir que las personas más vulnerables, como los mayores de 65 años, pierdan su vivienda o no vivan en condiciones dignas».

Los servicios sociales también han liderado el ránquing de quejas, y Vilà destacó como más frecuentes la «necesidad de mejorar el acceso a centros de servicios sociales, la reducción de las listas de espera y la atención en urgencias». Otras críticas fueron dirigidas al Servicio de Atención Domiciliaria (SAD), al que la ciudadanía reclamó la mejora de garantías de información y del servicio recibido por los usuarios, y a las licencias de actividad los pisos turísticos, a las que la Síndica pide «la colaboración ciudadana para detectar la oferta ilegal de alojamientos turísticos».

La contaminación acústica también es uno de los temas más frecuentes, «sobre todo por los camiones de recogida de la basura, que rompen las horas de sueño de los vecinos», explicó Vilà, quien también mencionó que desde la sindicatura pidieron la ampliación de efectivos de la Guardia Urbana para prevenir infracciones administrativas y penales, velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales y cooperar en la resolución de conflictos privados.

Finalmente, los «narcopisos», la accesibilidad urbanística en los edificios de servicios, interior de viviendas y transporte público, la ocupación del espacio público por parte de las terrazas y la falta de limpieza de excrementos de perros en las calles de Barcelona fueron quejas que también quedaron recogidas en el informe de la Síndica de Greuges.

Por su parte, el Síndic de Greuges, en este caso de Cataluña, inició una investigación para analizar la «proporcionalidad» de los requerimientos del Ministerio de Hacienda al Govern para pedir información sobre varios gastos y subvenciones de la administración catalana, informó ayer viernes la institución en un comunicado.