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La nueva ATL pública arranca en enero con una financiación de 38 millones

El Govern gestionará el abastecimiento de agua a cinco millones de catalanes y asume los 387 millones de deuda.

La desalinizadora del Llobregat, en el municipio de El Prat.
La desalinizadora del Llobregat, en el municipio de El Prat.larazon

El Govern gestionará el abastecimiento de agua a cinco millones de catalanes y asume los 387 millones de deuda.

Ya hay fecha para la puesta en marcha de la nueva ATL pública, que sustituye a la antigua Aigües Ter Llobregat (ATLL) y que gestionará el abastecimiento de agua de cinco millones de habitantes del área metropolitana. La entidad pública arrancará en enero su actividad con una financiación inicial de 38 millones y con Josep Andreu Clariana como director, según acordó el Govern en su reunión semanal, la última del año.

En este sentido, el Ejecutivo aprobó ayer diversos acuerdos para garantizar la financiación inicial de la nueva empresa pública, adscrita al departamento de Territorio y Sostenibilidad, que a partir del 1 de enero de 2019 gestionará la red en alta del sistema Ter-Llobregat. En total, dará servicio a más de 140 municipios barceloneses.

El primero de estos acuerdos ha servido para fijar la adscripción de los pasivos asumidos por la Generalitat en 2012, cifrados en cerca de 387 millones de euros.

La nueva ATL asume este pasivo, que tendrá que devolver en los plazos acordados, puesto que ahora se les adscriben unos activos por prestar el servicio en alta y el servicio se financia con cargo a una tarifa.

Por otro lado, la Agencia Catalana del Agua (ACA) transferirá a la Generalitat los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones de naturaleza económica que se deriven de la liquidación del contrato de ATLL, dado que fue la Generalitat la que licitó la concesión de la gestión del servicio de abastecimiento de agua. ATL deberá devolver esta transferencia en 36 meses.

Por último, y para garantizar el correcto funcionamiento durante los primeros meses de la empresa pública, la ACA transferirá una cifra cercana a los 38 millones de euros a la nueva ATL, que serán también devueltos en un plazo de 36 meses.

En esta nueva etapa, la compañía estará liderada por Josep Andreu Clariana, quien desde julio de 2018 era responsable de Servicios Territoriales de Transportes de Barcelona. Clariana es ingeniero en Caminos, Canales y Puertos por la UPC y diplomado en Economía y Dirección de Empresa por el IESE, y a lo largo de su extensa trayectoria profesional ha trabajado tanto en el sector público como privado. Ha sido director de producción y depuración del sector del agua y saneamiento en el Grupo Agbar y, en el ámbito público, ha sido director del área de inspección y control de la ACA o subdirector general de Prevención, entre otros cargos.

El organismo arrancará casi un año después de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de 2015 en la que anulaba la adjudicación de la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a un consorcio liderado por Acciona.

Acciona se adjudicó en 2012 el contrato de concesión de la gestión durante cincuenta años de la firma Aigües Ter Llobregat (ATLL), la compañía que gestiona el servicio de abastecimiento de agua a 4,5 millones de habitantes de Cataluña, por un importe de 1.000 millones de euros. La adjudicación fue impugnada por Agbar, la única competidora en el concurso.

El contencioso sobre la privatización de ATLL tiene su origen en 2013 cuando, un día después del inicio de la concesión, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (Oarcc), adscrito a la Generalitat, emitió una resolución tras recibir recurso de Agbar, en la que consideraba que Acciona debía quedar excluida del concurso porque no había respetado los plazos temporales para realizar las obras de mejora que se establecían en el pliego de condiciones.

En su oferta, Acciona había presentado un plan para ejecutar unas obras de mejora en la red de distribución del agua en un tiempo superior al que fijaba el pliego de condiciones, de diez años como máximo. Por vulnerar esta condición, se le valoró con un cero este apartado.