La oposición urge a Colau a limitar la moratoria hotelera

El gobierno municipal negocia a contrarreloj el nuevo plan de alojamientos sin apenas apoyos.

Uno de los relatos que aupó a Ada Colau a la alcaldía de Barcelona fue sin duda el discurso contra la barra libre del turismo en la ciudad. No obstante, del activismo a la política hay un buen trecho y Colau se topó con la realidad. Su moratoria turística no tuvo el efecto esperado y un número importante de proyectos hoteleros siguió su curso. La moratoria, en cualquier caso, sigue vigente hasta el próximo julio. Con un añadido, la protección no es igual para todos los distritos y en algunos casos, tan acuciantes como el de Gracia, vence la suspensión de licencias en marzo. En abril, ocurrirá lo mismo con el Poble Sec. De ahí que Colau esté negociando a toda prisa el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos de Barcelona (Peuat), la moratoria, para llevarlo al pleno cuanto antes mejor, probablemente a finales de este mes. Ante esta situación, el resto de formaciones políticas van tomando posiciones, bajo la premisa de que la actual moratoria no satisface a nadie, ni siquiera al PSC, los socios de gobierno de Colau.

El presidente del PP municipal, Alberto Fernández, exigió a Colau que se sitúe en la «centralidad» para conseguir apoyos. A su juicio, sería «una catástrofe» carecer de un plan que ordene la actividad de alojamiento turístico cuando acaben las moratorias de licencias vigentes, la primera de las cuales, la de Gràcia, termina el 17 de marzo, «porque en 24 horas tienes 10.000 peticiones de licencia». Fernández se mostró convencido de que CiU, C’s, ERC, PSC y PP podrían llegar a un acuerdo, pero Barcelona en Comú ha de enfrentarse a la CUP, de la que descarta un apoyo, y el PSC ha de dar una mayor centralidad a la propuesta actual. Entre los cambios en los que insiste el PP figuran permitir alojamientos turísticos en edificios de interés, la amortización de licencias y el traslado de licencias a edificios enteros.

Desde Ciudadanos, Carina Mejías insistió en una de las seis condiciones de su formación es regular los alquileres turísticos en Barcelona. «Queremos un Peuat menos restrictivo», resumía Mejías. Además de “garantizar la seguridad jurídica a quienes han hecho inversiones», objetivo que persiguen con sus condiciones para seguir negociando.

Tal como comentaba Fernández, la CUP será un hueso duro de roer para Colau. Mientras el resto de fuerzas quieren rebajar las exigencias, los «cupaires» abogan por incluir los barrios de Hostafranchs, Sant Antoni y Poblenou en la zona de decrecimiento hotelero. «Esa es la línea roja», señaló la presidenta del grupo anticapitalista, María José Lecha. El Peuat establece cuatro zonas prácticamente a modo de coronas en las que van disminuyendo las restricciones a hoteles y otros alojamientos turísticos a medida que uno de aleja del centro (Ciutat Vella y parte del Eixample) que es zona de decrecimiento.

El Peuat, por lo tanto, es un tema muy espinoso para el gobierno de Barcelona en Comú. Tiene que contentar, por un lado, a sus propios votantes y a la CUP, los más críticos con el desarrollo turístico experimentado por la ciudad en los últimos años. Gracia ha demostrado, no siempre con la fortuna necesaria, que es un barrio muy combativo y nadie en el gobierno municipal querría ver manifestaciones por el barrio sin el Banco Expropiado como excusa. Colau, además, corre el riesgo de que sus socios de gobierno, el PSC, vote en contra del nuevo Peuat durante el pleno.