Los «indignados» que cercaron el Parlament pedirán el indulto para eludir la cárcel

Los ocho "indignados"condenados por participar en los actos de acoso a diputados del Parlament en junio de 2011 solicitarán mañana el indulto y pedirán a la Audiencia Nacional que suspenda su entrada en prisión, a la espera de que el Gobierno se pronuncie sobre esa medida de gracia.

Los ocho "indignados"condenados por participar en los actos de acoso a diputados del Parlament en junio de 2011 solicitarán mañana el indulto y pedirán a la Audiencia Nacional que suspenda su entrada en prisión, a la espera de que el Gobierno se pronuncie sobre esa medida de gracia.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, con la petición de indulto al Ministerio de Justicia, que formalizarán mañana, la defensa de los indignados pretende evitar su ingreso en prisión para cumplir los tres años de cárcel a que los condenó el Tribunal Supremo (TS) por un delito contra las instituciones del Estado.

El pasado 29 de abril, la Audiencia Nacional -tribunal encargado de ejecutar la sentencia del Supremo dado que fue el que juzgó a los "indignados"- dio diez días a los ocho condenados para que ingresaran voluntariamente en prisión, pero ese plazo no ha expirado todavía dado que la mayoría de ellos no recibió la notificación hasta unos días más tarde.

La Audiencia Nacional absolvió en primera instancia a los 19 "indignados"acusados del cerco al Parlament, pero posteriormente el Tribunal Supremo estimó parcialmente los recursos presentados por la Fiscalía y las acusaciones ejercidas por la Generalitat y el Parlament e impuso tres años de cárcel a ocho de ellos.

La defensa presentó la semana pasada un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo contra la sentencia condenatoria, requisito imprescindible para interponer ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso que, si fuera denegado, los abogados quieren llevar hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

En su petición de indulto, que presentarán mañana ante el Ministerio de Justicia, los indignados alegan que la pena impuesta es desproporcionada teniendo en cuenta que se trataba de actos individuales de poca gravedad y piden que se tenga en cuenta la crispación social que se vivía en ese momento por los recortes, según han añadido las mismas fuentes.

La petición del indulto y el incidente de nulidad son los argumentos que la defensa de los "indignados"esgrimen en el escrito que mañana dirigirán a la Audiencia Nacional para solicitar que se suspenda el ingreso en prisión de los condenados, mientras no haya resolución del Gobierno y del Supremo.

En los próximos días, la Audiencia Nacional resolverá si paraliza el ingreso en prisión de los condenados, una decisión que puede adoptar de oficio o tras requerir el posicionamiento a las partes personadas: la Fiscalía y las acusaciones ejercidas por el Parlament, la Generalitat y Manos Limpias.

En el juicio contra los 19 "indignados", el abogado del Parlament pidió tres años de cárcel para todos los acusados pero advirtió de que la institución que representaba "no vería con malos ojos"que fueran indultados por el Gobierno.

También el presidente del tribunal de la Audiencia Nacional que absolvió a los procesados, Fernando Grande-Marlaska, se mostró partidario de un indulto parcial a los jóvenes sin antecedentes penales, en el voto particular en el que proponía condenar a diez de ellos por un delito contra las instituciones del Estado.

Grande-Marlaska sostenía en su voto particular que ese indulto parcial "vendría conformado en las circunstancias sociales concurrentes, que conocidas por todos eximen de su concreción, sin perjuicio de asumir que cualquier margen de violencia resquebraja la normal convivencia y la confrontación democrática".

Los incidentes que han acarreado la condena de ocho "indignados"ocurrieron el 15 de junio de 2011, durante una concentración convocada por el movimiento 15M en los alrededores del Parlament en protesta por un pleno que abría la puerta a los recortes.

El Tribunal Supremo basó su condena en que el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de reunión no pueden neutralizar otros derechos y, en concreto, el de participación política a través de los representantes legítimos. EFE