Los municipios también le echan un pulso al Gobierno por su reforma local

Parte del municipalismo catalán organizó ayer una concentración en el centro de Barcelona con el objetivo de mostrar su «rechazo frontal» al proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales impulsada por el Gobierno. Entre los asistentes habían concejales de CiU, PSC, ICV y ERC, el líder del PSC, Pere Navarro, y entidades municipalistas y sindicatos.

El manifiesto conjunto mostró la voluntad de los municpios en manos de formaciones de izquierdas y/o independentistas de echar un pulso al Gobierno. El texto muestra su rechazo a la citada ley –que se aprobará este lunes en el Senado– y pide al Gobierno que «respete la competencia exclusiva de la Generalitat sobre la organización territorial y el régimen local, aprobada en el Estatuto, y la no invasión competencial recentralizadora».

«Recentralización»

El presidente de la soberanista Asociación Catalana de Municipios (ACM) y alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch (CiU), destacó que «el mundo local dice basta a esta ley que dicen de racionalización, pero que es de recentralización. Unos 883 municipios catalanes, con esta ley perderán sus competencias de sanidad, servicios sociales y educación».

Por su parte, y en la misma línea, el concejal de Presidencia y Territorio de Barcelona, Jordi Martí (CiU), expresó su rechazo a una ley que tildó de «regresiva, recentralizadora e ilegal», y se mostró convencido de que la Generalitat recurrirá la normativa del Gobierno porque «atenta contra las competencias otorgadas por el Estatuto».

El alcalde de Pineda de Mar y presidente de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), Xavier Amor (PSC), puso en duda que se pueda aplicar la citada ley porque no cuenta con consenso y no se limita a una reforma «inadmisible», sino a un cambio de modelo con el objetivo escondido de privatizar servicios. Navarro, que fue alcalde de Terrassa, agregó que es una ley que «no sólo va en contra de los municipios, sino de los ciudadanos».

Desde los sindicatos, la secretaria de Bienestar y Trabajo de UGT de Cataluña, Laura Pelay, criticó que la reforma es «una arma de destrucción masiva» porque supone recentralización y recortes, y también ve la intención de una privatización de servicios públicos y darle la estocada final a la educación, sanidad y servicios sociales.

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO. de Cataluña, Manolo Fages, dijo que la reforma es «antidemocrática, recentralizadora y privatizadora».