Los pediatras también tendrán que presentar un certificado «antipederastia»

Desde el verano pasado la Ley de la Infancia y la Adolescencia pasó a llamarse coloquialmente «Ley Antipederastia». Porque el Gobierno decidió incluir una claúsula por la que obligaba a todos los profesionales que trabajan con niños a presentar un certificado de penales que ratifique que no tienen antecedentes por delitos sexuales para poder ejercer. Una norma estatal que afecta a todos los profesores, pediatras y monitores que estén en activo y también a los de nuevo acceso.

El Ministerio de Educación tomó la delantera en su cumplimiento. En Cataluña, la nueva disposición saltó a la palestra por el lío monumental que se formó en la oficina de penales de Barcelona, dependiente del Ministerio de Justicia y la única que existe en toda Cataluña. La cantidad de docentes que llegaron hasta ella para adquirir su certificado llegó a bloquear su funcionamiento y no quedó más remedio que ampliar los plazos de solicitud.

Acelerar el proceso

Ahora, serán los sanitarios de los ambulatorios y hospitales del Instituto Catalán de la Salud (ICS) los que deban acreditar que no tienen antecedentes por delitos sexuales. Este requisito estaba en «stand by» en el ámbito de la salud, pero lo acontecido en el colegio de los Maristas Sants-Les Corts de Barcelona ha «acelerado el proceso», tal y como desvelaron ayer fuentes cercanas a la conselleria de Salud.

Este episodio, además de hacer saltar todas las alarmas, ha puesto en duda la eficacia del certificado de penales que ahora se exige a docentes y sanitarios. Porque en en los colegios, por ejemplo, ya existe un protocolo antipederastia que sistemáticamente se obvia. De hecho, el director del centro de los Maristas llegó a reconocerlo directamente. Por ello el departamento de Enseñanza advirtió de que se revisarán las normas de actuación en casos de abusos, pero tan sólo en colegios concertados. Algo que molestó sobremanera a la Escola Cristiana que dice «sentirse señalada».

Dada la cantidad de profesionales sanitarios en contacto con niños que trabajan en el ICS (aproximadamente la mitad de sus 40.000 trabajadores) se ha tenido que buscar una fórmula para que puedan acreditar que están libres de infracciones sexuales y que, a la vez, fuese operativa con el fin de «no desbordar los juzgados» como ocurrió hace un més con los profesores.

Por ello, los sanitarios en activo bastará con que presenten una «declaración responsable jurada o prometida» que acredite que no han sido condenados por infracciones contra la libertad sexual y que autoricen al ICS a comprobar la veracidad de la declaración. Además, Salud estará obligada a revisar cada tres años como mínimo que cada uno de ellos cumple con todos los requisitos para el ejercicio de su actividad.

Sin embargo, aquellos aspirantes a ocupar algún puesto del ICS que mantenga relación con niños sí tendrán que pasar obligatoriamente por la oficina de penales de Barcelona para recoger su certificado oficial «antipederastia». Otro papel más que los opositores que concursen a las 340 plazas de interinos que sacó a principios de año la Generalitat tendrán que incluir en su carpeta.