Los profesores reprueban el protocolo antiyihadista

Los gemelos Atanji cumplirían hoy su primer aniversario como combatientes en el Harakat Sham al Islam, un grupo terrorista en la órbita del Estado Islámico, si dos de sus profesoras no hubiesen dado la voz de alarma. Las docentes del instituto badalonés Ènric Borras frustraron el viaje a Siria de estos hermanos marroquíes de 16 años, que residían en el barrio Llefià de Badalona junto a sus padres, al comunicar a los Mossos la radicalización de ambos jóvenes tras la muerte de su hermano mayor en el frente yihadista. De ser unos chicos extrovertidos, dejaron de participar en actividades deportivas junto a sus compañeros e, incluso, a saltarse clases como las de música porque, decían, «el Corán no deja tocar instrumentos», tal y como recuerda una de las profesoras. La pista definitiva, sin embargo, fue su desaparición del instituto en el año que les tocaba terminar la ESO. Según investigaciones posteriores, fueron enviados a una escuela coránica de su Marruecos natal como paso previo a su incorporación a las filas yihadistas.

Este es un ejemplo que demuestra el papel preventivo que pueden ejercer los centros educativos ante los posibles casos de radicalización y más en una comunidad como la catalana, cuyos colegios e institutos cuentan con el mayor número de alumnos de confesión musulmana de toda España. Ahora, la Generalitat lo convertirá en norma con un protocolo que insta a los docentes de los centros públicos a vigilar el cambio de actitud y de vestimenta (entre otros comportamientos) de estos jóvenes por si ésto pudiera significar su aproximación al integrismo islamista . Y los profesores, se niegan.

Los sindicatos alegaron ayer que los maestros «no disponen ni de formación ni de recursos suficientes para asumir esta responsabilidad» y más aún con la cantidad de alumnos que hay por clase, hasta 32 en Primaria y 35 en la ESO, dados los recortes del Govern en Educación. Además, denunciaron que el protocolo no se haya consensuado con la comunidad educativa ni que se haya valorado su repercusión, como el hecho de que los estudiantes dejen de ir a clase por miedo a ser vigilados o tomen represalias contra sus maestros.

Además de que impulsar este protocolo de prevención del radicalismo islamista no sólo «excede de sus funciones» sino también en ámbitos como la libertad religiosa o la libertad de expresión.

desde las entidades islámicas se ve directamente como «un disparate» puesto que estigmatiza aún más a los jóvenes musulmanes que viven en España.