Los sindicatos de funcionarios se movilizan para evitar más recortes

Tras las pasadas elecciones autonómicas, varios dirigentes de la Generalitat advirtieron que 2013 no iba a ser un año fácil. El Govern tiene que hacer frente a unos recortes equivalentes a los de los últimos dos ejercicios para alcanzar los objetivos de déficit marcados por el Ejecutivo. Para alcanzar estas cifras, las quinielas sitúan, como principal afectados, a los funcionarios. De hecho, la propia vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, ya deslizó que es muy posible que tengan que echar mano de las pagas extras. Sin embargo, las pagas extraordinarias se antojan insuficientes para cuadrar las cifras de la Generalitat.

Ante esta situación, la plataforma sindical unitaria de la función pública, que aúna a quince sindicatos, entregó ayer un manifiesto al departamento de Economía en el que expone sus reivindicaciones y anuncia movilizaciones para presionar en la elaboración de los próximos presupuestos de la Generalitat. Sucede que, tal y como explicó este periódico, la conselleria que dirige Andreu Mas-Colell baraja la posibilidad de prescindir de 20.000 funcionarios para dar un respiro a las arcas públicas. Para llegar a estas cifras, sindicatos y administración están explorando entre bambalinas un proceso de prejubilaciones para el personal de más de 60 años y 38 años cotizados.

Así las cosas, en el manifiesto, los representantes sindicales exigen el mantenimiento del poder adquisitivo y de la ocupación, así como la mejora de las prestaciones de los servicios públicos y sociales. También piden una «negociación colectiva real» de las condiciones laborales de los trabajadores en la función pública catalana, un estímulo al desarrollo de la actividad productiva y de servicio y la «renuncia» al objetivo de déficit del 0,7 por ciento.

Los firmantes denuncian que la Generalitat ha iniciado «una campaña» para convencer a la población de que los servicios públicos no son sostenibles y de que los trabajadores de la función pública tienen unas condiciones laborales y de salario «privilegiadas». El manifiesto insiste en que esto «no es cierto» y alertan de que el Govern «quiere acabar con el estado del bienestar y convertir los servicios públicos en un producto de negocio».

La plataforma sindical unitaria de la función pública está formada por CC OO, UGT, IAC, Csif, SAC, Satse, Usae, MC, Aspepc–sps, I–CSC, Anpe, Usoc, Staj, Gestha y Siat.