Mas incurrirá en delito de desobediencia si mantiene el 9-N

El Govern defiende que no habrá desacato porque lo que promueve no es una consulta

Aunque era de prever que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiera el 9-N alternativo –así lo avanzó, por ejemplo, LA RAZÓN–, Artur Mas no tuvo la confirmación oficial hasta el mediodía de ayer, cuando estaba inmerso en la reunión semanal del Gobierno catalán. Con la providencia del TC sobre la mesa, Mas alargó las deliberaciones de su consejo ejecutivo para definir una respuesta política y judicial. «El Govern mantiene el proceso participativo. Todo está en marcha», afirmó el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, al término de la reunión.

Homs no quiso moverse de estas palabras, claramente redactadas bajo el consejo de los servicios jurídicos de la Generalitat. Recibió una incesante batería de preguntas de los periodistas acerca de la presencia de las urnas este domingo, pero se limitó a repetir una y otra vez que el proceso participativo se mantenía «a todos los efectos» y «con todas las consecuencias».

¿Qué consecuencias podría tener el desafío de Mas? Según fuentes judiciales, el presidente de la Generalitat podría incurrir en delito de desobediencia y su mayor castigo podría ser la inhabilitación. Sin embargo, la negativa de Homs a responder acerca de las urnas sugiere la posibilidad de que el Govern acabe dejando el dispositivo del 9-N en manos de las entidades civiles que propulsan el soberanismo, Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

En todo caso, la Generalitat sostiene que no se da por aludida por la providencia del TC, ya que su conclusión es que hay una «confusión»: el Gobierno catalán asegura que el nuevo 9-N es un proceso distinto y no la continuidad de la anterior consulta, como argumenta el Ejecutivo en su impugnación.

La tesis de que el Govern impulsa un proceso distinto a la consulta es la clave de las decisiones políticas que Mas está adoptando para seguir adelante con su 9-N alternativo. Su planteamiento no únicamente sirve para ignorar al TC, sino también para enmascarar la desobediencia. «El Gobierno pretende atacar algo que no existe», insistió el número dos de Convergència, Josep Rull, en alusión a la difunta consulta diseñada originalmente.

¿Insumisión?

«No somos conscientes de que estemos haciendo un acto de desobediencia o insumisión porque estamos haciendo un acto de normalidad democrática. No estamos transgrediendo nada, estamos ejerciendo la libertad de expresión», afirmó, por su parte, la portavoz de Convergència, Mercè Conesa, para justificar la acción política del Govern.

Aunque sólo faltan cinco días para el 9-N, existen numerosas dudas. Una muy importante es si los voluntarios de la pseudoconsulta podrían sufrir algún tipo de castigo legal, particularmente los trabajadores de la Administración involucrados en el proceso. «Que nadie tenga miedo. En un país normal de Europa nadie puede tener miedo por ejercer su libertad de expresión», pidió Rull. Y añadió: «Aquí no participa nadie en su condición de funcionarios, lo hacen como voluntarios».

Es difícil pensar, en todo caso, que se abran procedimientos judiciales contra miles de personas, aunque el Govern las envolverá con la protección política y social del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, la plataforma que reúne a las entidades que apoyan la votación soberanista.

La entidad de entidades podría acabar teniendo un gran protagonismo respecto a la organización del domingo. Ya está prevista su reunión este viernes para «avalar» el proceso participativo del 9 de noviembre. Aunque el presidente del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, Joan Rigol, asegura que la votación está en manos del Govern –que es quien la organiza–, no descartó una pirueta final si hubiera un «descalabro». Es decir, que la reunión podría servir también para buscar alternativas si el Govern acaba por apartarse de la organización.

Lo que no va a abandonar el Govern es el litigio continuo con el Gobierno en los tribunales. Homs anunció en este sentido que la Generalitat presentará una denuncia contra el Ejecutivo ante el Tribunal Supremo por vulnerar derechos fundamentales de los catalanes «como el de participación, libertad de expresión e ideológica». La asociación Jueces para la Democracia aseguró que existen muy pocas posibilidades de que esta demanda prospere.

Por su parte, PP y Ciutadans anunciaron que preparan sendos actos de cara al 9 de noviembrepara reivindicar el diálogo frente al soberanismo unilateral.

En rueda de prensa desde el Parlament, la diputada de C’s Inés Arrimadas explicó que su partido lo celebrará en el Auditorio Axa de la Illa Diagonal en Barcelona. Por parte de los populares y bajo el lema «Con la democracia no se juega», la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, explicó que su formación también prepara otro acto de partido para el mismo día, aún por definir y que será en algún lugar del «área metropolitana de Barcelona».

En paralelo, la ANC comienza a sumir que es difícil lograr una movilización formidable este domingo. «Hemos estado estudiando las posibilidades de éxito y realmente el reto es titánico. En las actuales circunstancias tenemos serias dudas de que sea posible lograr la cifra de participación suficiente», dijo la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Carme Forcadell.