Mas saca pecho ante Rajoy con un código ético para los altos cargos

La guerra que mantienen el Gobierno y la Generalitat no conoce el significado de tregua. Tres días después de que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría invitara a la Generalitat a tomar nota de los viajes de Mariano Rajoy, tras insinuar que las escapadas oficiales de Artur Mas no son austeras, el gobierno catalán lanzó un contraataque. Aprobó un código ético para los altos cargos de la administración que describe las buenas prácticas que impica el puesto y, entre otras cosas, obliga a publicar sus sueldos y retribuciones a través de una web específica www.transparencia.gencat.cat.

Lecciones de transparencia

El portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, presumió ayer de que con este manual de buenas prácticas, Cataluña se situará a la cabeza en transparencia, tanto en España como en Europa, pues cumplirá con 79 de los 80 indicadores fijados por el organismo Transparency Internacional. Lejos de enfundar la pistola, Homs avanzó que enviará este código ético al Gobierno por si quiere incorporarlo a su «savoir faire». «Sería bueno que el Gobierno tomara nota de este compromiso de transparencia de la Generalitat y que antes de dar lecciones hagan introspección y nos expliquen muchas partidas, porque cuesta dilucidar cómo se las gastan» replicó pensando en las «lecciones» de Sáenz de Santamaría.

El código ético es una de las 51 medidas de regeneración democrática y transparencia que Mas prometió que aprobaría esta legislatura. De hecho, empezó a debatirse durante el anterior mandato, tras la explosión de los múltiples escándalos de corrupción que, a falta del juicio final, presuntamente protagonizan políticos catalanes, como el caso del Palau de la Música o de las ITV, que afecta a CiU, o el caso Mercurio, que sacude al PSC. Pero con el precipitado fin de la anterior legislatura, la ley de transparencia quedó pendiente.

Para dar ejemplo de transparencia, todos los altos cargos de la administración catalana tendrán que firmar el código ético que, entre otras cosas, obliga a publicar todos sus datos retributivos –dietas y complementos incluidos–, además de su declaración de patrimonio antes de asumir el cargo y al abandonarlo. También compromete a ser honesto, austero, ser receptivo con las inquietudes de los ciudadanos e intentarlas vehicular de una manera operativa.

Sin embargo, no menciona una de las cuestiones que Mas se comprometió a abordar, qué pasa con los políticos imputados en una causa judicial. Pese a los numerosos casos de corrupción que asolan la vida política catalana, el manual de buenas prácticas que ayer aprobó la reunión del consejo ejecutivo no recoge ninguna recomendación sobre qué deben hacer los altos cargos de la administración catalana en el caso de ser imputados judicialmente.

No dice si deben dimitir o no, según el mismo Homs porque no es posible establecer una norma general porque cada caso dependerá del tipo de causa judicial que se le imputa o del cargo que ostenta el afectado.