Caso Pujol
Oleguer Pujol debe pagar 1.428 millones antes del 23 de noviembre
Apenas tiene 20 días para depositar 1.428 millones de euros. Esa es la ingente cantidad de dinero que debe devolver Oleguer Pujol para hacer frente al pago final de la hipoteca que suscribió con el Banco de Santander para la compra de 1.152 inmuebles a esa misma entidad financiera. Así, al menos, consta en el Informe que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) remitió a la Fiscalía Anticorrupción a finales del pasado mes de octubre sobre siete operaciones «sospechosas» realizadas por el menor de los hijos del ex presidente de la Generalitat de Cataluña.
Uno de los apartados del informe alude a la financiación de capitales de elevada cuantía «sin garantías suficientes para cubrir la operación» de la compra de esos inmuebles, por un importe superior a los 2.177 millones de euros. Para ello, se firmaron distintas operaciones de financiación con varias entidades, y, posteriormente, una segunda fase de financiación. Como garantía de los préstamos recibidos, la sociedad Samos Servicios y Gestiones –la matriz de todo el entramado empresarial de Oleguer Pujol– elevó a público distintos contratos privados entre acreedores y deudores; entre ellos, la constitución de una hipoteca sobre los 1.152 inmuebles adquiridos por esa empresa al Banco Santander, «para garantizar el préstamo principal de 1.600.000.000 otorgados para su adquisición». Esa hipoteca tenía fecha final cerrada: 24 de noviembre de 2014. Es decir, justo dentro de 20 días.
Pero no sólo ello, sino que, además, se establecía un calendario de amortización de ese crédito, que comenzaba en febrero de 2009 y finalizaba el próximo día 24. El porcentaje a amortizar comenzaba con el 0,15 por ciento y terminaba con el 0,75 por ciento en agosto de este año, dejando para dentro de 20 días el «importe pendiente a dicha fecha». Este último pago, de acuerdo con el baremo establecido, y según recoge la UDEF en su informe, es del 90 por ciento, exactamente del 89,95 por ciento. Pero, además, el informe policial no tiene nada claro que Oleguer Pujol haya ido cumpliendo esos pagos fijados. Se ignora, dice la UDEF, «por el momento, si se está cumpliendo dicho cuadro».
De esta forma, Oleguer Pujol se encuentra en una situación más que complicada, ya que, hasta la fecha en que se emitió ese informe –el pasado 20 de octubre–, desde que se firmaron los contratos sólo consta en los registros públicos la venta de varias fincas sobre las que pesaba tal hipoteca. «En total, los inmuebles vendidos produjeron unos ingresos de aproximadamente 12.000.000 de euros, realizándose las correspondientes cancelaciones hipotecarias». Así, en el mejor de los casos, le quedaría por pagar más de 1.428 millones de euros en las próximas tres semanas. Y en cuanto a la venta de esos inmuebles tampoco parece tener un futuro muy claro, dado la situación del sector inmobiliario, o, como dice la UDEF, «parece ser que los inmuebles adquiridos tienen una salida complicada en el mercado de venta de inmuebles».
En relación con esa operación, la UDEF también plantea la posibilidad de que la financiación de esa operación inmobiliaria se encuentre garantizada «con algún/nos depósitos que no se han hecho constar en los contratos, de positados en el extranjero, presumiblemente en algún paraíso fiscal».
Financiación ilícita
Junto a ello, en el informe policial se constata que en desarrollo de las operaciones de financiación , garantías y adquisición de esos inmuebles, practicado en menos de un mes, es probable la «existencia de un garantía exterior, en forme de depòsito/s de origen desconocido, no recogida en los contratos de garantía, que ante la no devolución de los préstamos, fuera ejecutado por las entidades financiadoras, dejando subordinada las garantías reales». De esta forma, la sociedad Samos gestiones y Servicios «podría disfrutar ya, sin cargas reales, de los bienes inmuebles adquiridos, se habría desecho de su sociedad/es matiz de un depósito de dinero de desconocida procedencia, a cambio de obtener una explicación razonable del capital por medio del cual fueron adquiridos los inmuebles, es decir, mediante una financiación ilícita».
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