Societat Civil denuncia las tretas de la Junta Electoral para no retirar las esteladas

Exige que se cumpla la sentencia del TC, que prohíbe la presencia de estas banderas en lugares de titularidad pública.

Con el objetivo de que los espacios públicos de Cataluña estuvieran libres de banderas esteladas al menos durante la campaña electoral del 26-J, Societat Civil Catalana (SCC) puso en marcha a finales de mayo la campaña «¡Aquí, no! Por unos espacios públicos de todos».

Avalada por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que prohibe la presencia de este símbolo en todas las Administraciones «porque éstas deben ser siempre neutrales, más en época electoral» y la esteladas «responden a intereses partidistas», SCC puso en conocimiento de las Juntas Electorales de Zona (JEZ) un listado con 446 ubicaciones ilegales correspondientes a 340 municipios.

Sin embargo, como denuncia esta entidad, sólo 14 de las 30 JEZ a las que se envió el requerimiento dieron una respuesta favorable. El resto (Balaguer, Barcelona, Berga, Cervera, Figueres, Hospitalet de Llobregat, La Bisbal de L’Empordà, Lérida, Mataró, Olot, Puigcerdà, Sabadell, La Seu d’Urgel, Tremp, Valls y Vic) todavía no se han pronunciado.

Otras Juntas Electorales , en concreto la de Girona, Santa Coloma de Farners y Vilanova i la Geltrú, han ido más allá y se han negado a prohibir las esteladas, por lo que SCC ya ha presentado un recurso a sus respectivas Juntas Provinciales.

El presidente de la plataforma anti soberanista, Rafael Arenas, asegura, además, que hay municipios que utilizan triquiñuelas para incumplir la ley. Tal es el caso de Arenys de Mar, cuyo consistorio invoca acuerdos municipales para descargar en terceros (la ANC en este caso) la titularidad de las banderas para no quitarlas. En lugares como Santpedor (Junta de Manresa) la treta utilizada es la de enrollar la bandera independentista manteniéndola en su mástil. En Callús (también pertenece a Manresa) se limitan a negar su existencia, por lo que SCC tuvo que pedir a los Mossos que la verificaran. Arenas denuncia que en estos y otros muchos casos, tanto las juntas de zona como las provinciales pasan de «puntillas». Un «cúmulo de irregularidades» que implica que la campaña electoral que se desarrolla en Cataluña «no se ajuste a las exigencias propias de un Estado de Derecho».

Por ello, el presidente de SCC pide a los partidos e instituciones que actúen con más rotundidad: «Su actitud no ha ido más allá de una tímida comprensión», deplora. Arenas avisa que las cuestiones simbólicas «no son menores y aisladas», sino que «se insertan en un plan de desobediencia» que se manifiesta también en cuestiones relativas a la presencia del castellano en los colegios, la instrumentalización nacionalista de las escuelas y los medios de comunicación.