Societat Civil pide a la AMI que devuelva los fondos públicos recibidos

El presidente de Societat Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, compareció ayer en rueda de Prensa junto al vocal de la entidad, Manuel Miró, y el presidente de Abogados Catalanes por la Constitución, Ramon de Veciana.

El presidente de Societat Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, compareció ayer en rueda de Prensa junto al vocal de la entidad, Manuel Miró, y el presidente de Abogados Catalanes por la Constitución, Ramon de Veciana. El motivo fue el anuncio de que enviarán un requerimiento a los ayuntamientos catalanes adheridos a la Associació de Municipis per la Independència (AMI), con la intención de que devuelvan los fondos públicos que han recibido a lo largo de los últimos siete años, una cantidad que podría rondar los 22 millones.

Denunciaron que se «destinan dinero público a fines privados», y Rosiñol señaló que «estos ayuntamientos se dedican a utilizar este dinero que debería ir a servicios sociales, por ejemplo, para un objetivo partidista».

Añadió Rosiñol que «es vergonzoso estos fondos públicos mientras se están realizando recortes en diferentes servicios públicos por falta de financiación».

«Rebelión y sedición»

Por su parte, De Veciana insistió en que las corporaciones locales han destinado estos años los citados 22 millones de euros, para promover un «golpe de Estado». Aseguró que la AMI destina los recursos públicos que vienen de los ayuntamientos a la «promoción de la rebelión y sedición», por lo que advirtió de que los alcaldes, secretarios e interventores locales serán responsables de resarcir las cantidades abonadas desde los 787 consistorios y 52 entidades supramunicipales que conforman la entidad.

De Veciana reiteró que las cuentas de la AMI son opacas y eluden al control financiero al ser una organización privada. «Tenemos derecho a tener la sospecha de que este dinero se está destinando a finalidades que no cumplen la ley», dijo, por lo que pidió que se devuelvan las cuotas a las arcas municipales y que se resarzan, si cabe, por parte de los responsables municipales.

SCC sospecha que el dinero de la AMI sirve para sufragar la estancia del ex president de la Generalitat Carles Puigdemont en el extranjero por la suma de dinero que aseguran que mueve la entidad, aunque les faltan pruebas. De Veciana recordó que impulsaron la denuncia en el Tribunal de Cuentas contra el ex president Artur Mas y sus ex consellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau, por lo que también defendió llevar a esta administración las cuentas de la AMI «sin perjuicio de que más adelante se pueda comprobar que existe una responsabilidad penal».

Por otra parte, Rosiñol afirmó que el proceso independentista «está afectando al prestigio de la sociedad catalana en general, lo que derivará necesariamente en consecuencias económicas de gravedad en algún momento».

Aseguró estar preocupado tras la toma de posesión de Quim Torra como nuevo president de la Generalitat, a quien acusó de «poner en peligro la autonomía de Cataluña por una ensoñación extemporánea». «Corremos el riesgo de perder las instituciones autonómicas», lamentó el presidente de SCC.

«No les importa que pueda volver a conllevar la intervención de la autonomía», dijo, y criticó que a Torra le designe su antecesor, Carles Puigdemont. «Es un ex president y un huido de la justicia que no quiere hacer frente a sus obligaciones como cualquier otro ciudadano de una democracia», señaló. «Seguiremos defendiendo el autogobierno y la autonomía», insistió.