Toros no, «correbous» sí

CiU resultó decisiva para prohibir las corridas de toros en el Parlament en la votación del 28 de julio de 2010. Y CiU también ha sido quien ha querido blindar los «correbous», modalidad muy arraiga en el sur de Cataluña también con el toro como protagonista.

El Consell Executiu de la Generalitat aprobó ayer el reglamento que regula estas fiestas, «una tradición muy antigua en Cataluña que tiene especial relevancia para los municipios de las Tierras del Ebro, concretamente las comarcas del Baix Ebre, el Montsià y la Terra Alta», según reza la normativa. El conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, aseguró que en ningún caso el reglamento, que desarrolla la ley aprobada el 1 de octubre de 2010, será un «coladero» para permitir festejos taurinos y recordó que la prohibición de la Fiesta Nacional en Cataluña entró en vigor el 1 de enero de 2012.

Más seguridad

Los animalistas, de la misma manera que se opusieron a las corridas de toros y promovieron su prohibición, son contrarios a los «correbous» porque entienden que se tortura al animal, aunque espectáculo no acabe con su muerte. De hecho, la Generalitat admite en el propio reglamento que «se pueden inferir maltratos a los animales que participan» en los «correbous», lo que, junto al «riesgo para las personas, ya sea como participantes o como espectadores», hizo necesario «desarrollar una normativa que regulara el espectáculo, garantizando medidas de seguridad que, sin deslucirlo, el dotara de una mayor garantía y seguridad».

El reglamento prohíbe la participación de los menores de 14 años en estos festejos y prevé un régimen sancionador si se cometen infracciones, que vigilarán los Mossos y las policías locales. La Generalitat justificó que ha querido blindar las «festividades tradicionales» que «cuentan con arraigo, relevancia y carácter especial en el territorio», de manera que no se autorizarán nuevos festejos en los que participen bueyes.

Desde que entró en vigor la prohibición de las corridas de toros y mientras siguen su curso el recurso al Tribunal Constitucional y la Iniciativa Legislativa Popular que quiere declarar la Fiesta Nacional como bien de interés cultural, la Generalitat ha recibido 29 solicitudes de indemnización a los afectados. De momento, ha rechazado 17 y sólo ha admitido seguir tramitando una de los propietarios de la plaza Monumental –la empresa Balañà– y otra de la familia de empresarios que la explotaba –Matilla–.