Barcelona
Ultimátum a las energéticas
La alcaldesa de Barcelona amenaza con aplicar sanciones y rescindir contratos a las compañías de luz, agua y gas que corten el suministro a hogares vulnerables
La alcaldesa de Barcelona amenaza con aplicar sanciones y rescindir contratos a las compañías de luz, agua y gas que corten el suministro a hogares vulnerables.
Hasta la fecha, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha ido lanzando diferentes advertencias a las empresas de luz, agua y electricidad sobre su poca implicación con la pobreza energética. Pero de ahí no pasaba. Hasta ayer. La alcaldesa, visiblemente irritada, anunció que el Ayuntamiento comenzará a sancionar a estas compañías, dos, básicamente, Endesa y Gas Natural, si cortan el suministro a hogares en situación vulnerable. Las multas podrían llegar a los 100.000 euros, pero, sobre todo, se arriesgan a perder contratos con el Ayuntamiento. «Lo hemos intentado, llevamos meses de negociaciones, así que si no es por las buenas, será por la ley», sentenció Colau.
El Ayuntamiento estima que entre un 7 y un 10 por ciento de la población barcelonesa sufre pobreza energética o está en riesgo de sufrir cortes en los suministros básicos. La intención del Ayuntamiento es garantizar la aplicación de la ley catalana aprobada el año pasado que establece que las empresas deben avisar a la administración antes de efectuar cortes del servicio, a fin de conocer la situación de aquella familia. Según el Consistorio, las empresas han hecho caso omiso, por lo que prevé abrir expedientes sancionadores a las compañías. Las multas oscilan entre los 10.000 y 100.000 euros y se acogen dentro del código de consumo de Cataluña, impulsado por la Agencia Catalana de Consumo. Colau también advirtió que en caso de infracciones graves «el Consistorio puede dar por finalizados» los contratos con estas compañías.
La decisión llega después de meses de negociaciones con Agbar, Endesa y Gas Natural. Mientras Colau alabó la actitud de la compañía de aguas, las dos últimas no han accedido a firmar ningún acuerdo al respecto y, desde el Ayuntamiento, aseguran que se está «incumpliendo la ley». Por ello, ven las sanciones como una manera de presionar a las empresas para garantizar que los hogares en riesgo de vulnerabilidad tengan acceso a los suministros básicos. Además, piden colaboración a la Generalitat para negociar con las suministradoras en ámbito autonómico, y que no sea una cuestión sólo municipal.
Las críticas de Colau no cayeron en saco roto y las energéticas implicadas se apresuraron a contestarle. Endesa aseguró que actualmente no corta la luz a ningún cliente que acredite que está en situación de vulnerabilidad a través de un informe de los servicios sociales. La compañía, además, añadió que «siempre cumple con la legislación establecida», pero considera que no lo puede hacer con los protocolos de la mencionada ley catalana porque «no están desarrollados». También respondió Gas Natural y, en la misma línea, subrayó que tampoco corta el suministro a personas en situación de vulnerabilidad y que trabaja en base a un convenio con la ciudad vigente desde 2014. «La compañía, por iniciativa propia, analiza los casos de vulnerabilidad para evitar cortes», señalaron.
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