Un informe delata el servilismo de la escuela catalana con la Generalitat

El estudio denuncia la «instrumentalización de manera alarmante del sistema educativo» durante los hechos de octubre del año pasado.

Sociedad Civil Catalana (SCC) y Asamblea por una escuela bilingüe presentaron ayer un informe que siembra un reguero de dudas sobre el papel de la comunidad educativa en el «procés» y, más concretamente, en los hechos de octubre del año pasado. Tal y como resumieron, «la comunidad educativa está demasiado plegada al poder nacionalista».

El estudio fue presentado en el Col·legi de Periodistes de Catalunya por la coordinadora sectorial de enseñanza de SCC, Nuria Plaza; el presidente de Impulso Ciudadano y ex diputado de Ciudadanos en el Parlament, José Domingo; y la presidenta de la Asamblea por una escuela bilingüe, Ana Losada. Según afirmó Domingo, el informe nace de «más de 500 denuncias» que las organizaciones que han elaborado este dossier han recibido en los días inmediatamente anteriores y posteriores a las votaciones del 1 de octubre. Con el estudio, por lo tanto, pretenden denunciar la «instrumentalización de manera alarmante por parte de la Generalitat del sistema educativo, clave en la estrategia separatista». Además, piden que el Ministerio de Educación supervise los libros de texto que se usan en Cataluña y que se favorezca «la movilidad del profesorado por todas las escuelas de España».

Así, por capítulos, el informe desgrana las diferentes estrategias empleadas por el Govern. Por ejemplo, cómo la consellera de Educación, Clara Ponsatí, destituyó al presidente del consejo de dirección del consorcio educativo de Barcelona y reemplazó a los directores de todas las escuelas desde el viernes 29 de septiembre hasta el 2 de octubre del año pasado. O también el acoso, con expediente disciplinario incluido, al inspector Cantallops después de elaborar dos informes en los que reclamaba una inspección sobre todo lo que estaba ocurriendo alrededor de los centros educativos en esos días. El informe denuncia el servilismo de los sindicatos mayoritarios del profesorado en la enseñanza pública. De hecho, el papel vehicular de los directores en la estrategia nacionalista quedó plasmado en la carta enviada por 600 de ellos a la Comisión Europea en la que reclamaban solidaridad con los heridos por las cargas policiales.

El informe recoge, además, otro estudio de Convivencia Cívica Catalana, basada en los barómetros del CIS, que revela que «los profesores catalanes tienen el doble de sentimiento identitario catalán que el resto de la población» y que «más de la mitad de ellos son partidarios de la independencia».

Plaza apuntó que la enseñanza, en Cataluña, es «una herramienta clave de la estrategia separatista», y reprochó que, en aquellas fechas, se colocara a los menores «en el foco del conflicto político». Y aquellos que quisieron resistirse a participar de la «estrategia separatista» vieron su «resistencia eclipsada por la brutal presión ambiental que se ha tejido durante 30 años».

Por su parte, Losada aseguró que «toca debatir» sobre la lengua, los contenidos, los docentes, la inspección educativa, las AMPAs, los sindicatos y las asociaciones nacionalistas, y ha lamentado: «Los acusados de disentir somos tildados de traidores a Cataluña».