Un pacto entre las partes salda el juicio del motín de Quatre Camins de 2002 con penas mínimas

El tribunal acuerda que no entren en prisión si pagan las multas y no reinciden de nuevo.

Han pasado casi 16 años del motín más sonado ocurrido en la cárcel catalana de Quatre Camins y ahora llega a juicio. Pero lo más lo irónico es que en la única sesión de la vista oral, que tuvo lugar ayer, las partes llegaron a un acuerdo. Todo se saldó con penas mínimas para los dieciséis ex presos que participaron en el jaleo, mientras que otros 23 fueron absueltos.

Tras el citado acuerdo, el juzgado condenó a dieciséis de los acusados a penas de un año a quince meses, que inicialmente tendrían que cumplir, al tener obviamente antecedentes penales. Ocurrió en mayo de 2002. En un primer momento, los presos simplemente iniciaron una huelga de las denominadas como brazos caídos, en la que quisieron reclamar sus condiciones en la cárcel, protestando por el cambio en la legislación que impedía reducir las condenas a cambios de días de trabajo.

Se negaron a volver a las celdas y, armados con palos, piedras y hierros que encontraron en el patio, procedieron a agredieron a agredir a los funcionarios, e incluso tomaron como rehén a algún alto cargo de la cárcel. Se sumaron internos de otros módulos, aunque finalmente los Mossos consiguieron reducir el motín.

Respecto al citado acuerdo entre todas las partes, el juez acordó finalmente suspender el cumplimiento efectivo de la pena para todos los condenados si pagan la indemnización y multas previstas, no vuelven a delinquir y están localizables durante dos años. Por lo tanto, no ingresarán en prisión.

Eso sí, los condenados deberán pagar una multa de 270 euros y casi 15.900 más, que serán para Quatre Camins, por los desperfectos causados. Algunos de ellos también deberán indemnizar a un agente de los Mossos y a dos funcionarios de prisiones por lesiones.

En un primer momento estaba previsto que se sentaran en el banquillo de los acusados 56 personas, pero finalmente fueron 39. Ocho han fallecido durante la larga instrucción del caso, cinco no se presentaron, a tres se les declaró en rebeldía y otro parece incapacitado para afrontar el caso.

Durante el juicio, todos los acusados se conformaron con los hechos y delitos atribuidos por la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la Generalitat. La sentencia es firme al anunciar sus defensas y estas acusaciones que no presentarán recurso.

El tribunal consideró que todos los condenados cumplían los requisitos para que se les sea suspendida la pena puesto que los antecedentes que tenían eran antiguos y no eran computables, tal y como esgrimió la Fiscalía. El Ministerio Fiscal pedía para los 56 acusados inicialmente penas que iban de cinco a diez años de prisión por atentado, daños y lesiones, por alzarse contra los funcionarios armados y al grito de «A la guerra», adoptando un comportamiento «extremadamente violento», según el escrito de acusación.