100.000 hectáreas se sumarán a las restricciones de los Parques Naturales

La Ley de Acompañamiento, publicada el pasado 31 de diciembre, introduce una importante novedad en materia de territorio. Modifica el cambio realizado en la anterior legislatura y vuelve a dotar de protección la zona perimetral de los 20 Parques Naturales existentes en la Comunitat. Dicho de otra manera, da a las 100.000 hectáreas que configuran la zona de influencia de estos espacios la protección que le otorgue el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y que, por regla general, suele ser elevada.

Los Parques Naturales ocupan el 20 por ciento de la superficie de la Comunitat Valenciana, es decir, unas 460.000 hectáreas. De estas, aproximadamente una cuarta parte está considerada como área de amortiguación o perimetral.

El PP modificó la ley para permitir la ejecución de actuaciones en estas zonas justificando que no tienen los mismos valores ambientales que el resto del Parque y que, por tanto, siempre que se respeten otras normas (la de protección del paisaje, la forestal o la de protección contra inundaciones) podrían desarrollarse.

Desde el 1 de enero la restricción vuelve a estar vigente porque «generaba muchas disfunciones en la práctica», según recoge el DOGV. Los populares realizaron este cambio atendiendo a las demandas de los habitantes de esas zonas que veían limitadas sus actividades económicas por el simple hecho de estar en el perímetro de un Parque Natural.

Por poner un ejemplo, esta modificación sirvió para aprobar la Actuación Terrritorial Estratégica (ATE) Alcoinnova, situada en el área de amortiguación del Parque Natural de la Font Roja.

La ejecución de este parque empresarial ya no quedará afectada por este cambio en la normativa, pero sí puede generar conflictos en el futuro.

A día de hoy, la ley que regula las Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATE) indica que estas pueden desarrollarse sobre cualquier tipo de suelo. Si un promotor quisiese proponer una ATE en la zona de protección ambiental, entrarían en conflicto dos leyes y lo más probable sería que fuesen los tribunales los que acabasen decidiendo.

Como avanzó LA RAZÓN, el Consell también aprovechó esta ley para paralizar durante dos años el derribo de las viviendas sin licencia que inundan el suelo rústico. Pagarán la correspondiente sanción, pero aún podrán regularizar su situación.