Admitida la denuncia por la adjudicación de las obras del TSJ

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha estimado parcialmente un recurso de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), a instancias de la patronal valenciana de constructores, contra el encargo de la Conselleria de Justicia a Tragsa para la reforma del Tribunal Superior de Justicia valenciano.

El tribunal considera que el objeto social de la empresa pública Tragsa se circunscribe al ámbito rural, forestal y agrario, y no a las obras de construcción o reforma de edificios en zonas urbanas.

El pasado 30 de noviembre el pleno del Consell autorizó a la Conselleria de Justicia a encargar a Tragsa la redacción del proyecto y ejecución de las obras de adecuación funcional de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que supondrían una inversión de casi 25 millones de euros y su ejecución se prolongará hasta 2021.

El edificio del siglo XVIII se encuentra «en un estado crítico» y presenta «una grave situación de deterioro que hay que reparar», según explicó entonces la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

Entre las deficiencias está la existencia de filtraciones, instalaciones envejecidas, vegetación en los techos y aparatos de climatización obsoletos que no funcionan.

La adjudicación a Tragsa obedece a la ley de Contratos del Sector Público, que exige la autorización del Consell para poder realizar encargos a los entes que se consideren medios propios de la Generalitat, como es el caso de Tragsa, cuando el valor del encargo supere los 12 millones, según dijo Oltra.

Según la resolución del Tribunal Administrativo, una enumeración «tan detallada y minuciosa» del objeto social de Tragsa como la que se ha establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la LCSP «no puede verse ampliada por vía interpretativa» para incluir obras en sectores totalmente ajenos a los contemplados.