AIDO, el instituto «fantasma»

Durante 20 años este instituto tecnológico, cuyo funcionamiento está investigando la Policía, ha recibido subvenciones por proyectos que nunca se llevaban a cabo

Informes de proyectos falsos, que nunca se realizaban, material comprado con dinero de ayudas públicas, que nunca se estrenó, partes de horas trabajadas, que nunca se trabajaron, falsas titulaciones... y una plantilla de 120 trabajadores, de la que el 80 por ciento no tenía ninguna función productiva. Esta ha sido la realidad de AIDO, el Instituto Tecnológico de óptica, color e imagen, durante, al menos, los últimos 20 años de su existencia, hasta que el pasado mes de octubre formalizó su cierre con el despido de los 54 empleados que le quedaban, según informaron a LA RAZÓN fuentes cercanas al caso.

El «modus operandi» consistía en solicitar una línea de ayuda pública, bien fuera de la Generalitat, del Estado o de la Unión Europea (aunque estas se pedían menos porque requerían más trabajo y había que hacer el informe en inglés), y presentar un plan de la supuesta investigación que se iba a realizar. La institución pública lo aprobaba y otorgaba esta ayuda. Aquí empezaba la «trampa», porque dicho proyecto nunca se llevaba a efecto. Al final del periodo se presentaba un informe falso, elaborado por personal del instituto, y se les hacía firmar partes de horas trabajadas para el supuesto proyecto.

Si era necesario se compraba, con esas ayudas, material que en teoría se necesitaba para la investigación, unos utensilios que siguen en el instituto sin haberse usado apenas.

Estas fuentes explican que este método de funcionamiento estaba tan interiorizado que parecía «lo normal». Si algún trabajador planteaba alguna pega o ponía algún impedimento a la hora de pasar por este sistema, directamente se le despedía o se le apartaba de sus funciones habituales.

Otra vía para lograr ayudas públicas sin desempeñar ninguna tarea con ellas, requería de colaboradores necesarios, empresas privadas amigas, con las que se suponía que AIDO iba a realizar una investigación. En el proyecto presentado ante la Administración se aseguraba que estas firmas iban a desempeñar alguna función, a la que en muchas ocasiones ni siquiera se dedicaban.

Posteriormente se les facturaba, de forma fraudulenta, por esos servicios, y AIDO y las empresas se repartían el dinero de la subvención.

De vez en cuando, técnicos del Impiva visitaban las instalaciones del centro para revisar las investigaciones que se habían desarrollado. Según las fuentes consultadas, un solo técnico se encerraba durante una mañana en un despacho y leía «siete u ocho» informes, eso era todo. Es decir, no había auditorías exhaustivas para asegurarse de que los fondos concedidos se destinaban a la utilidad que se había acreditado.

Al año, se podía recibir entre ocho o nueve millones de subvenciones públicas.

Con la expansión del centro a Latinoamérica y el intento de aplicar el mismo método de funcionamiento en aquellos países, llegaron los problemas. Las exigencias de documentación eran mayores, por lo que finalmente la implantación allí fracasó.

Evidentemente esto sucedía en la parte del instituto que se dedicaba a la investigación, la denominada «unidad de proyectos». Existía otro departamento, la de «unidad de empresas» que efectuaba sobre todo consultoría para firmas privadas. De estas actividades sí se obtenían ingresos reales.

Cómo nunca, a lo largo de todos estos años, nadie en la Administración, en el Impiva, ni posteriormente en el Ivace (entidades dependientes de la Conselleria de Economía y que repartían estas subvenciones) se dio cuenta del engaño, o por qué no dijeron nada, es por ahora una incógnita, que quedará despejada cuando finalice la investigación policial. Esta se inició en marzo del año pasado, cuando el propio Ivace llevó ante la Fiscalía varios expedientes de ayudas públicas que había recibido AIDO.

En cuanto a los trabajadores, cada uno tenía un nivel de información distinto, no todos sabían exactamente qué sucedía, pero la mayoría percibía que nada de lo que allí discurría era normal.

Su director, Emilio Pérez, fue sacado del centro detenido en junio después de que la Policía revisara las instalaciones. Los proyectos tenían una versión «A» y otra «B», que no estaba escondida, por lo que tampoco fue complicado dar con las «triquiñuelas» que el instituto realizaba desde hacía años.

En la actualidad, el Ivace mantiene silencio en torno a este asunto. Por el momento, sus directivos, que pertenecen obviamente a un Gobierno distinto, han abandonado el Consejo rector de los institutos tecnológicos.