Alfonso Grau, imputado de nuevo como «impulsor de la concertación» con Nóos

La Audiencia de Palma ha imputado de nuevo en el casó Nóos al vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, en cuanto "impulsor de la concertación"entre la Fundación Valencia Turismo y el Instituto Nóos, y en la medida en que trasladó a ese Patronato "las bondades del proyecto".

La Audiencia ha confirmado además la imputación de otros cuatro valencianos: los exdirectores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) José Miguel Aguilar y Jorge Vela, el esxecretario de Eventos de la Generalitat Luis Lobón, y la ex directora de gestión de CACSA Elisa Maldonado.

El auto hecho público hoy insiste en que "la verdadera naturaleza jurídica"de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) "era pública", y por tanto estaba sujeta a la normativa de la contratación pública, pese a lo cual "no se observaron las reglas"en la adjudicación del convenio para la cumbre Valencia Summit y en el uso de la figura del canon como precio de los servicios.

Aunque Grau no fue en persona quien suscribió ese convenio, "su descarte resulta imposible", tanto por el compromiso económico del Ayuntamiento como porque para llevar a cabo el proyecto era necesaria la participación del Ayuntamiento, que "ya estaba comprometida"por la alcaldesa, Rita Barberá.

Según el auto, Grau sabía que Barberá "avalaba, respaldaba y se mostraba conforme"con que se llevara a cabo ese evento, y "dispuso del dominio y control sobre la concertación y el gasto a ella destinada, de modo tal que participó en la misma tanto de modo activo como por omisión".

Así, añade que Grau pudo haber formulado reparos o exigido que los convenios se sometieran a controles jurídicos y contables previos "y nada hizo, pese a que ostentaba una posición de garante de los fondos públicos que manejaba la FTVCB, en tanto que presidente de su patronato y a su vez vicealcalde"y edil de Turismo.

"Existen razones para pensar que su apoyo al proyecto hubo de influir decididamente en que finalmente la concertación se verificase", pues en el patronato "por sistema se aprobaban"las propuesta del Ayuntamiento al tener mayoría de votos, y su gestión corría a cargo de Grau y del director de la Fundación, que dependía de él, señala.

La Audiencia indica que existen correos electrónicos que ponen de manifiesto que la FTVCB "colaboró en la redacción del convenio de colaboración, y que no es verdad que viniera determinado desde CACSA", aunque esta empresa pública de la Generalitat fuera la primera en sumarse al proyecto.

El auto indica que Grau dio su apoyo "influido, posiblemente, porque dicho proyecto era conocido por altas instancias de la Generalitat y por la misma alcaldesa, y sabía que los responsables de ambas instituciones eran favorables a la concertación al estar la entidad implicada, en apariencia, relacionada con la Casa Real".

Entre 2004 y 2006 se celebraron tres ediciones de Valencia Summit, por las que Nóos percibió 3,1 millones de euros de la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), dependiente de la Generalitat.

La aportación de esos fondos públicos se hizo, según el auto, ateniendo "a criterios subjetivos y no de mercado, y sin que se controlase el destino de los fondos aportados", mientras que se usó sin informe económico ni jurídico alguno la fórmula del canon, "asimilando el mismo a una entrega a fondo perdido y que no requería justificación".

Ese convenio pudo haberse suscrito "en atención a la influencia ejercida"por Urdangarin, de quien surge la idea de la celebración de un evento que CACSA y FTVCB asumieron "al margen de cualquier publicidad, concurrencia y no discriminación".

La Generalitat también suscribió, a través de la Sociedad Promotora de la Imagen Estratégica, un convenio para organizar unos Juegos Europeos de seis millones de euros -proyecto luego rebajado a tres millones- que "incumplió la normativa de subvenciones"y por la que finalmente pagó 382.000 euros.