Barberá ve compatible la protección del Cabanyal con el planeamiento municipal

La decisión tomada el pasado jueves por el Gobierno central en cuanto al futuro del barrio del Cabanyal sigue, cuatro días después, siendo objeto de las más diversas interpretaciones. Y es que tanto el Ayuntamiento, promotor del plan de reurbanización de la zona, como «Salvem el Cabanyal», plataforma ciudadana contraria a la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez, se dan por ganadores en un conflicto que dura ya quince años.

Ayer, la alcaldesa Rita Barberá insistía en la «absoluta» viabilidad para adaptar la orden ministerial de protección del barrio del Cabanyal al planeamiento que su Administración ha decidido para este poblado marítimo.

Sin embargo, para al secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, la decisión del Ejecutivo central «ha sido una gran derrota» del PP, ya que lo que ahora «se vende» como éxito es «derogar la ley que finalmente el Gobierno de la Generalitat había planteado para apoyar a Barberá».

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, defendió «un camino de consenso y de diálogo» en este asunto.

El pasado jueves, el Consejo de Ministros aprobó la retirada del recurso contra la Ley que la Generalitat aprobó para dejar sin efecto la Orden Ministerial socialista que paralizaba el plan del Cabanyal.

La Orden Ministerial consideraba como un expolio al patrimonio histórico y cultural el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Prepi) del Cabanyal e indicaba que el Ayuntamiento de Valencia debía proceder a su suspensión inmediata. Con esa orden, el Ministerio evitó que la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar modificara la trama urbana del Cabanyal. Querellas y contenciosos administrativos de por medio, el Gobierno de Francisco Camps aprobó una Ley que daba amparo a las actuaciones del Plan del Cabanyal de Barberá y contra la que el Ejecutivo de Zapatero interpuso un recurso de inconstitucionalidad.

Ahora, tres años después, el Gobierno de Rajoy desiste de este recurso e insta al Consell a derogar la ley autonómica y buscar, junto con el Ayuntamiento, una fórmula que permite adaptar el plan de Barberá a la protección que tiene otorgada el barrio desde 1993.