Cerco a la corrupción

Bataller dice que eran los políticos quienes decidían los contratos

La Razón
La RazónLa Razón

El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, prestó ayer declaración, nuevamente, ante el Tribunal Superior de Justicia, por la causa que se instruye a raíz de los contratos entre las distintas Administraciones de la Generalitat y Orange Market y empresas de la trama, lo que conforma la denominada quinta pieza del caso Gürtel. Bataller ya prestó declaración en la misma causa hace unos meses por el contrato entre la Conselleria de Sanidad y la empresa del «Bigotes» para la celebración de los premios Salud y Sociedad 2007. Ayer lo hizo nuevamente, por la contratación a la misma empresa de la elaboración de un video sobre la ampliación del Hospital Clínico de Valencia.

El alcalde, que en 2007 era subsecretario de la Conselleria, dijo que «los técnicos no decidían sobre los contratos» y después de varias repreguntas por parte del Ministerio Fiscal, señaló que por encima de él estaban el secretario autonómico y el conseller. En aquel momento estos cargos de responsabilidad los ocupaban, respectivamente, Luis Rosado y Manuel Cervera, ambos imputados también en la misma pieza.

Bataller, que estuvo declarando alrededor de una hora y media, señaló a la salida que estaba «tranquilo y satisfecho» con su lo mnifestado, y que respecto a la elaboración del video sobre el Clínico «hizo lo que tenía que hacer como subsecretario».

Preguntado por la premisas del presidente Alberto Fabra que aseguró que ningún imputado irá en las listas del PP, el alcalde dijo que «le parecía muy bien».

Ayer declaró también el exdirector del departamento de comunicación de Vaersa y delegado sindical de UGT en la entidad, Antonio Santo Juan, cuyas afirmaciones, anteriores a las de Bataller,, coincidieron en lo fundamental con las de éste: las decisiones las tomaban los políticos, aseveró.

Santo explicó que su papel como jefe del departamento era hacer propuestas sobre las necesidades relativas a la imagen de la empresa. Él proponía, pero el director general disponía. Aseguró que así era siempre.

Sobre la existencia de correos electrónicos localizados por la Policía en los ordenadores de Orange Market remitidos a su dirección, explicó que la empresa del Bigotes se dirigía a él por indicación de la jefa de Sección del Area de Calidad Ambiental de la Conselleria de Territorio, Patricia Callaghan, quien también estaba citada ayer ante elñ Tribunal pero su com,parecencia se retrasó al próximo 5 de marzo.