Castellano afirma que se apartará a los imputados según «el momento»

La posibilidad de que se abra juicio oral contra el ex vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, y las ex conselleras de Turismo, Milagrosa Martínez y Angélica Such, por las adjudicaciones a la empresa Orange Market, de la red Gürtel, del pabellón valenciano de Fitur en 2005 y 2008 puede suponer un problema para el PPCV.

El presidente del partido y de la Generalitat, Alberto Fabra, marcó la apertura de juicio como la línea roja para apartar al diputado popular Rafael Blasco del grupo por su imputación en el caso Cooperación. Parece lógico pensar que se seguirá la misma estrategia para los otros tres parlamentarios si el juez Ceres decide que han de sentarse en el banquillo, después de que el pasado martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ratificara sus procesamientos.

Sin embargo, el secretario general del PPCV, Serafín Castellano, dejó ayer la puerta abierta a que cada caso se estudiará de manera independiente. «El partido tomará las decisiones en el momento que estime oportuno». En este sentido, negó cualquier tipo de presión para expulsar a los diputados implicados en casos de corrupción y señaló que se seguirán los estatutos del partido. «que luchan de forma clara y contundente» contra la corrupción. «Las decisiones y los tiempos acorde a esos estatutos y a los procesos judiciales se irán tomando en los tiempos que estime el partido».

Las normas del PP, en cuya redacción participó el propio Fabra, establecen que el Comité de Derechos y Garantías abrirá un expediente disciplinario para estudiar las posibles irregularidades. La expulsión del partido se realizará «en todo caso, cuando existe sentencia firme que condene al afiliado a penas de prisión o inhabilitación».

En cualquier caso, el número dos del PPCV señaló que mantendrán una «tolerancia cero» con este tipo de actuaciones. Subrayó que colaborarán con la Justicia para esclarecer los hechos.