Citan a declarar a Empar Marco y Soriano por contratos de À Punt

Declararán como querellados el 20 de junio en Instrucción 1 de Paterna por adjudicar sin concurso un contrato de 1.300.000 euros a un ex edil del PSOE

La directora general de À punt, Empar Marco, y el presidente del Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Enrique Soriano, han sido citados a declarar el próximo 20 de junio por la querella presentada en diciembre de 2018 por el diputado del PP, Jorge Bellver, tal y como adelantó ayer la Cadena Cope.

En la querella, el PP denunciaba que el 28 de junio de 2017 se suscribió un contrato entre la CVMC y la mercantil Mediterráneo Media Entertaiment, propiedad de José Atienza, que en su día fue concejal del PSOE en el municipio de Benifaió. El importe del contrato era de 1.300.000 euros y pese a lo elevado del mismo, se adjudicó, según el PP, directamente, «sin ninguna clase de procedimiento público abierto a la concurrencia competitiva ni tampoco procedimiento sin publicidad en el que existe una negociación previa sobre el precio y las características del servicio, por lo que la tramitación que se le da es la propia de un contrato menor». En este punto, la querella del PP recuerda que la CVMC «es un sujeto de derecho público plenamente sometido a la normativa de contratación del sector público». El objeto del contrato es la producción de la serie «La Tramuntana», de trece capítulos.

Según el escrito, «para la firma del contrato no se tuvo en cuenta siquiera la solvencia técnica, ni tampoco económica, de la mercantil adjudicataria, quien no ha acreditado que dispone de recursos económicos suficientes para llevar a cabo el objeto de la contratación». Además, «la absoluta carencia de solvencia económica por parte de la empresa se desprende de sus propias cuentas presentadas ante el Registro Mercantil e incluso del análisis de riesgo crediticio de la empresa». El volumen de negocio de Mediterráneo Media Entertaiment en las cuentas de 2016, las últimas presentadas antes de la adjudicación, fue de 4.500 euros.

Además, la querella denuncia más de una docena de contratos menores por valor aproximado de 5.995 euros más IVA cada uno, a futuros empleados laborales de la empresa.

Salarios disfrazados de contrataciones

La querella incluye también el pago «con carácter previo a su contratación como personal laboral, de cantidades a modo de salario pero disfrazando estas prebendas dándoles apariencia de contrataciones para la prestación de servicios genéricos».