Crece la ayuda de emergencia

La Conselleria de Justicia y Bienestar Social dispone de un fondo, dotado de 19 millones de euros -siete de ellos financiados por el Departamento de Jorge Cabré y el resto, por los Servicios Sociales de los Ayuntamientos- para conceder ayudas de emergencia y paliar con ellas situaciones extraordinarias de familias con bajos ingresos. Desde el año en el que empezó la crisis económica, este tipo de subvenciones han aumentado un 63 por ciento.

Según explicó el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez, en el pasado ejercicio se concedieron un total de 67.185 ayudas, frente a las 41.168 del año 2008. Todo ello a pesar de que la Conselleria implantó en esas fechas la renta de ciudadanía garantizada, una prestación económica mensual -y no puntual, como en el Fondo de emergencia- para personas sin recursos.

Este subsidio, que es incompatible con cualquier otro tipo de prestación pública, tiene por objetivo cubrir gastos de tres tipos: para el uso de la vivienda habitual, para las necesidades básicas familiares y para circunstancias graves y urgentes.

Sin embargo, tal y como indicó Martínez, la principal demanda es para solucionar problemas de vivienda. Un tercio de las ayudas de esta partida en 2011 se destinaron a pagar alquileres o hipotecas. Concretamente, se ejecutaron 21.104 ayudas de hasta 340 euros cada una. Este dato supone un crecimiento del 230 por cien respecto al volumen de prestaciones dedicadas a este fin en 2008, cuando solo se firmaron 9.148.

Además, se otorgaron casi 40.000 para necesidades básicas, entre las que se incluyen el pago del agua o de la luz. También sirven para adquirir alimentos o pañales, por ejemplo.

Para otros gastos excepcionales, se destinaron 6.641. La dotación económica de éstas pueden llegar a los 3.400 euros. Gracias a estas ayudas, por ejemplo, las personas que no tengan cobertura sanitaria, al no disponer de la nacionalidad española, y que no tengan tampoco recursos económicos, podrán adquirir medicamentos o seguir el tratamiento necesario.

El Consell ha presupuestado para el próximo ejercicio casi siete millones de euros para dotar el Fondo, la misma cantidad prevista para 2012. Sin embargo, la mayor parte de la financiación corre a cargo de las entidades locales, que destinan unos doce millones de euros. En esta línea, los Consistorios sí han ido aumentando a lo largo de los últimos años su partida para este tipo de ayudas urgentes.

Los Ayuntamientos son los encargados precisamente de valorar las solicitudes y otorgar las prestaciones. Para acceder a ellas, el beneficiario debe tener una renta per cápita anual de su unidad familiar de 4.866 euros, es decir, de 340 euros por persona al mes.