Csif denuncia el cobro de 400 euros para acceder a las pruebas de policía local

El Consell pretende aplicar una prerrogativa de la Ley de Coordinación de Policías Locales que obliga a la realización de un curso de capacitación de setecientas horas y un coste de 300 euros

El sindicato CSIF denuncia que el Consell quiere obligar a pagar más de 400 euros a cada aspirante únicamente por presentarse a oposiciones a policía local. La central sindical explica que pretende añadir el título XXXIV a la Ley 17/2017 de 13 de diciembre de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana, que contempla la obligación de realizar previamente un curso de capacitación de 700 horas y 300 euros de coste. Además, añade otras tasas.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) recalca que esa obligación de participar en un curso de 700 horas, con el pago de los 300 euros, más otros 50 si no se supera y alrededor de 60 euros por pruebas físicas, psicotécnicas y sus certificados, «vulnera el principio de igualdad de acceso a la función pública».

El sindicato explica que una persona que esté trabajando no dispone del tiempo necesario para realizar este curso de 700 horas, que impartirá el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe). Además, luego exigen otros dos meses de prácticas en ayuntamientos. Del mismo modo, el hecho de tener que pagar 300 euros también supone un impedimento para quien no pueda desembolsar ese dinero. La central sindical recuerda que esa dedicación de tiempo y el gasto simplemente servirían para poder presentarse a la oposición.

CSIF apunta, además, que para acceder a la oposición la persona aspirante debe haber superado unas pruebas físicas previas (23 euros) y unas psicotécnicas (23 euros), el certificado de cada una de las cuales cuesta cinco euros extra, al igual que el del curso de capacitación. A todo ello habría que sumar las tasas de la oposición en sí, todavía no publicadas. En total superaría los 400 euros.

La central sindical denuncia que estos requisitos demuestran «un afán recaudatorio» por parte del Consell, y en particular del Ivaspe, organismo que, además, ya ha mostrado su voluntad de controlar el proceso de las oposiciones, lo cual podría acarrear más tasas que se sumarían a las municipales. «Constituiría, en la práctica, una traba económica más», concluyen.