El 40 % de los discapacitados, exentos del «copago» en centros

El Comité de Entidades Representantes de las Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi CV) denunció que el copago en centros y residencias de discapacitados hará que algunas personas no puedan acceder al servicio. Sin embargo, según el decreto 113/2013, de 2 de agosto, por el que se establece el régimen y las cuantías de los precios públicos a percibir en el ámbito de los Servicios Sociales, ningún usuario será excluido por cuestiones económicas. Así lo certificó la directora general de Personas con Discapacidad y Dependencia, Pilar Collado, que explicó que una persona con algún tipo de discapacidad con una renta mensual inferior a los 532 euros (el Iprem) no «copagaría» nada. Así, quedan exentos de la medida 2.015 personas, el 41,32 por ciento de los usuarios de los centros de día y centros ocupacionales.

Además, según los datos de la Conselleria de Bienestar Social, casi el 31 por ciento (1.498 personas) abonarían menos de cien euros. El 25 por ciento (1.228 usuarios) pagarían entre cien y quinientos euros y el 2,8 por ciento, más de 500 euros.

En este sentido, Collado indicó que el máximo que un usuario podría abonar sería del 90 por ciento, para casos de rentas altas. Por ejemplo, una persona con unos ingresos de unos 2.000 euros mensuales aportaría al sistema unos 500 euros por una plaza en un centro de día, puesto que el precio público oscila entre los 600 y 700 euros.

Para calcular el copago se tiene en cuenta el coste del servicio y la capacidad económica del beneficiario y no de la unidad familiar. Lo que puede ocurrir es que un hogar cuyo único ingreso sea la pensión del discapacitado sí tenga que destinar una parte de la misma a pagar el centro.

Según estas fuentes, la aportación de los usuarios al sistema es de unos 15 millones de euros, es decir, de un 9,4 por ciento del coste total, unos 160 millones de euros. El Departamento que dirige Asunción Sánchez Zaplana invierte 145 millones únicamente para estos servicios, 85 millones más de lo que se presupuestó en el ejercicio 2003. De ahí que Collado negara que la finalidad del esta medida sea recaudatoria.

Se trata, según explicó, de racionalizar el sistema y de conseguir la equidad entre todos los usuarios de los centros. Y es que, hasta la publicación del decreto, los discapacitados no pagaban, mientras que los dependientes con alguna discapacidad, sí. Además, la Comunitat era, junto a Madrid, la única autonomía en la que el sector de la discapacidad no colaboraba económicamente. Por ello, el Gobierno central obligó a regular la situación para conseguir la igualdad entre los beneficiarios.

Bienestar Social está enviando las notificaciones oficiales a los usuarios de la cantidad que deberán empezar a pagar a partir de enero de 2014. Hasta ahora, algunas residencias abonaban cantidades, pero como aportación.